Refundación neoliberal: los primeros 70 días del gobierno de Kast y la ofensiva contra las reformas sociales
Lenin señalaba “La política es la expresión concentrada de la economía”. La gestión de estos 70 días de gobierno de ultraderecha pudiera ser una muestra explícita de esta idea, en los modos en que ha desplegado un diseño político que fue pensada para pasar la aplanadora sobre reformas que se pretendieron en las últimas dos décadas, muchas veces políticas públicas modestas, pero eran parte de una trayectoria de un Estado que buscaba redistribuir riqueza y garantizar una base elemental de derechos sociales, con el mérito que se empujaban a pesar de una institucionalidad concebida y construida para mantener en los márgenes aquellos reclamos sociales, que ese orden asumía debían ser resueltos por el mercado, en concordancia del dogma de la subsidiaridad.
Los programas políticos que disputan la administración del
Estado, es la economía la que determina, de acuerdo con la provisión de
recursos, la profundidad y el sentido de políticas públicas que mejoren las
condiciones de vida de la población. Esta premisa es hoy, en Chile y el mundo,
fuertemente cuestionada por grupos políticos y doctrinas que quieren instalar
la idea de un “estado mínimo”, y es el gobierno de Kast el que ha ido avanzando
en ese sentido, con un proyecto que tiene direcciones contractivas: mejorar las
condiciones de ganancias de los grupos más ricos de la población al bajar los
impuestos, la élite económica; y que la menor cantidad de personas tengan que
ser asistidas por el Estado, para recortar el gasto público, esto último en la
idea de la libertad individual y la autodeterminación de la voluntad que
responde a su propia capacidad de emprendimiento.
En este orden de cosas, según los mismos que pretenden su
reducción, el Estado es necesario en cuestiones esenciales para el
aseguramiento del derecho a la propiedad, como central en el dogma neoliberal,
la integridad del territorio nacional -como proveedora de recursos y mano de
obra-, y de seguridad pública, para contener especialmente la afección del
derecho de propiedad.
Cuando estos elementos se ven afectados, los grupos sociales
dominantes de la sociedad, las élites, presionan para que un rumbo que se
dibujaba de modo claro y directo se ve entorpecido, en el caso que analizamos,
por cuestiones formales y administrativas.
La noche de este martes 19, cuando se completaba la jornada 69
desde que el gobierno asumió su mandato, se realizó el primer cambio de
gabinete -todo un hito para una administración que llegó con compromiso de
eficiencia y de casi infalibilidad- al cambiar las calamitosas gestiones de las
exministras Trinidad Steinert, de la cartera de Seguridad Pública, y Mara
Sedini, de la Secretaría General de Gobierno. Las carteras se movieron entre
integrantes del mismo gabinete, Claudio Alvarado continúa en el Ministerio del
Interior, pero suma Secretaría General de Gobierno; Martín Arrau deja el ministerio
de Obras Públicas y pasa a Seguridad Pública; y Louis De Grange se mantiene en
Transporte y suma Obras Públicas, por lo que en lo inmediato son traslados casi
de carácter administrativos, pues la dirección del proyecto contra reformista que
profundiza el neoliberalismo sigue la misma trayectoria y objetivos políticos.
Una primera lectura de este cambio, y situando el discurso del
presidente, el objetivo que se persigue, y que está contenido en la idea de la
refundación neoliberal, el volver al rumbo que se perdió, según el relato que
se repite como marco, al periodo de la transición pactada, pero con la
evidencia que todo aquello que se logró como reformas sociales deben
retrotraerse por el costo que tiene sobre el patrimonio de la burguesía, una
idea que es evidente si se analiza el contenido de la contra reforma tributaria
denominada “Proyecto de Reconstrucción Nacional”.
Por lo mismo, la oportunidad en que se impulsó esta Ley -dentro
de los primeros 90 días-, una etapa compleja para articular oposición política
y social, donde hay cierto desorden para expresar resistencia de alguna
magnitud, más a allá de la siempre activa presencia del movimiento estudiantil.
En ese sentido se debe reconocer la apuesta del ejecutivo, como reza el dicho
popular: “mejor colocarse colorado de una vez, que colocarse colorado de a
poco”, si aprueban el proyecto en el Congreso, su efecto será profundo,
duradero, y potencialmente muy beneficioso para las élites. Por otro lado,
tendrá un doloroso impacto sobre millones de habitantes en Chile. Y así y todo,
que fracasara la operación legislativa, les quedan 3 años y 8 meses para seguir
empujando la refundación contra reformista neoliberal.
