Mayo, mes del derechos a la comunicación. Convenio CODEPU/ODC
Mayo no solo es el mes de los trabajadores, también es el mes en que se celebra el Derecho a la Comunicación, noción que acoge distintas actividades como la libertad de prensa, la labor de las y los comunicadores, libertad de expresión y otras dimensiones de la producción, emisión y recepción de los fenómenos de la comunicación.
En específico, el 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la
Libertad de Prensa, proclamado por la Asamblea General de la ONU en 1993, y el
12 de este mes, el Día de la Libertad de Información, del Derecho a la
Comunicación y del Periodismo Independiente y Comunitario, decretado por el
Congreso Nacional en 2024 como forma de destacar la actividad que es un aspecto
central del derecho a la comunicación, y a la vez homenajear a Francisca
Sandoval, periodista comunitaria en Señal 3 La Victoria y quien murió de un
disparo mientras cubría la marcha del Día de los Trabajadores de 2022.
Desde hace varias décadas, este ámbito está directamente
relacionado e incorporado en el canon de los Derechos Humanos, consecuencia de
la creciente tensión entre su despliegue y el poder -en especial de los Estados
y las élites-, pues cuando su desarrollo y reconocimiento se asegura, la
democracia de un país se fortalece, y en sentido contrario, cuando existen barreras
que impiden su despliegue, generalmente va acompañado de corrupción y violencia
institucional.
La historia de Chile del último medio siglo es la evidencia
más elocuente de lo que significa este derecho, especialmente por la manera en
que fue perseguido por la dictadura civil-militar, que censuró, encarceló,
asesinó e hizo desaparecer a destacados periodistas, eliminando medios de
comunicación, imponiendo un sistema oficial de medios que exponía la visión de
la dictadura, narrativa que no permitía abiertamente disidencias, con
excepciones de medios independientes, profesionales y comunicadores que arriesgaron
sus vidas para exponer el horror de ese periodo.
En este sentido, un ejemplo es la labor de CODEPU, dada por la
importancia del boletín que editó, imprimió y difundió, con carácter
clandestino en su circulación nacional, pero que en el extranjero permitía
denunciar las violaciones a los derechos humanos, medio de comunicación en el que
colaboraron destacados periodistas.
En el periodo de la transición pactada que se inicia en 1990,
las restricciones del derecho a la comunicación adquieren otras formas. El
cierre de medios independientes, por asfixia económica, fundamentales para
sostener la lucha contra la dictadura, pero también, el olvido o la omisión de parte
de las nuevas autoridades a los trabajadores de las comunicaciones de esos
medios, sumado a la persecución a las voces críticas que se evidenciaba en ese
periodo, con una institucionalidad que aún reconocía la censura, una creciente
concentración mediática y la persecución penal a la investigación periodística,
a pesar de todo logró avanzar a una legislación, que al menos de manera formal,
aseguraba la libertad de prensa, y en general otras formas del derecho a la
comunicación.
El nuevo siglo trajo un abanico de oportunidades para
democratizar las comunicaciones, al menos esa era la expectativa, pero que con
el correr de la década fue quedando orillado ante la evidencia del poder
político y económico que no se siente cómoda por la acción del libre ejercicio
de este derecho. Además, la proliferación de nuevas formas de persecución y
amenazas contra comunicadores y medios desde redes sociales, la eclosión de
nuevos fenómenos como la construcción y difusión de fake news, o el uso
de IA para fines maliciosos, ha impulsado en profundizar la defensa del Derecho
a la Comunicación, así como la protección de quienes laboran en esta área, una
preocupación principal.
Este 4 de mayo, CODEPU y Observatorio del Derecho a la
Comunicación (ODC) firmaron un convenio de colaboración que es la concreción de
la actividad que ambas organizaciones venían desarrollando en conjunto desde
2019, al calor de la rebelión de octubre, permitiendo la interacción de los
equipos, por un lado, de litigación de CODEPU y el complemento técnico y
especializado de ODC en la defensa de comunicadores y medios de comunicación.
En un país que transita, esta vez, por un periodo que pretende glorificar el pasado dictatorial, negando su carga de violencia, en un contexto internacional que desprecia abiertamente la libertad de prensa y otros derechos a la comunicación, parece necesario profundizar en una alianza que nos prepare para nuevos desafíos.
