Legado de DDHH: el progresismo al debe

I.- El escritor Antonio Muñoz Molina escribió hace algunas semanas sobre el legado de Barack Obama y la continuidad de la administración Trump: “… no se molestó en desmontar el tremendo aparato de vigilancia y represión urdido a partir del 11-S”.

Esta cita me sirve para exponer, en Chile, una característica que han tenido las distintas administraciones desde 1990, pero especialmente notoria desde que gobernó la derecha con Piñera, la continuidad de legislación estatal que fue dotando de herramientas legales y operativa a los órganos públicos encargados para la persecución de diversas formas de disidencia.

El inicio de la gestión de nuevo gobierno de ultraderecha ha sido intenso. Se habla de copamiento legislativo, en torno a tres áreas de interés que ha definido el relato “gobierno de emergencia”: economía, seguridad y migración. A principios de la semana del 16 de marzo se ingresaron una serie de proyectos de ley que reforzaban estas temáticas, pero respecto de seguridad, llamó la atención que solo le bastó activar mecanismos legislativos sobre urgencias de 20 proyectos “dormidos”, todos quedaron pendientes de la anterior administración.

Ha sido especialmente notoria lo acontecido con la iniciativa que fija las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), Boletín 15.805-07. Este proyecto permite profundizar el fuero -y eventualmente la impunidad- de funcionarios de FFAA  y las policías en el cumplimiento de tareas de orden público, como por ejemplo en el resguardo de estructuras críticas, citando lo propuesto en el “Plan Implacable” del programa de gobierno de Kast: “Policías sin miedo con respaldo, protección jurídica y política real para los carabineros que actúan en cumplimiento del deber”.

La perspectiva de continuidad institucional adquiere especial sentido cuando se recuerda el artículo de The Wall Street Journal publicado por El Mercurio en noviembre pasado respecto de las coincidencias programáticas de los candidatos en pugna: “Más importante que lo que Kast o Jara planeen hacer es lo que no hacen: alterar las instituciones gubernamentales de Chile...”. Quiero hacer notar que el sentido de normalidad institucional al final del día opera como seguridad económica, y es en esas coincidencias donde debemos detener la vista.

Las leyes que fueron aprobadas en la anterior legislatura son parte de la agenda de seguridad que impuso la derecha, pero que los sectores progresistas no pudieron o no quisieron contener con mayor convicción, el denominado fast track legislativo de seguridad y antidelincuencia, fue la claudicación de principios desde la perspectiva de los derechos humanos, y eso lo tendrá que soportar el mundo popular cuando se resista a la agenda política de las derechas.

II.- El deseo del legado de un gobierno, desde hace algunas décadas a esta parte se ha tornado una centralidad en la gestión cuando se acerca un cambio de mandato. Esta idea está asociada a la “profesionalización” del trabajo político institucional, cuestión que en general obliga a tecnócratas a enumerar aquellos “logros” que los pueden situar en una perspectiva histórica, las grandes obras que trascienden en forma de políticas públicas como un edificio que será señalado como testimonio de aquel esfuerzo.

Ciertamente que, si analizamos los hitos que legó la administración Boric, respecto de los compromisos programáticos, pero principalmente, respecto de institucionalidad con enfoque de derechos humanos, en términos generales, fue más bien escaso. El esfuerzo por darle una orientación, por parte de la coalición progresista, se perdió al calor de la agenda antidelincuencia que propiciaron las derechas y los medios de comunicación hegemónicos.

Existieron dos paquetes de leyes de esta naturaleza. Una primera contempló 21 proyectos hasta 2023, entremedio se aprobó la ley Nain-Retamal o “Gatillo fácil”, y un segundo grupo de 32 proyectos de ley que se presentan el 2024, con distintos niveles y complejidades que se encuadraban en la idea de fortalecer la legislación en torno a orden público, en el contexto de una ascendente crisis de seguridad y criminalidad. Entre las más significativas están: ley de conductas antiterrorista, ley de Sistema nacional de inteligencia, RUF o Ministerio de Seguridad. Varias de estas lograron ser aprobadas y promulgadas, otras quedaron pendientes y son las que han servido a las nuevas autoridades para reimpulsarlas “perfeccionadas”.

Cuando se construye un instrumento, una herramienta para curar una enfermedad -como puede ser el fenómeno del crimen organizado- el instrumento será utilizado por el estado para todas las formas que sean descritas como “delincuencia”, a esto se le denomina punitivismo, no hay distinción a la hora de aplicarlas contra una banda criminal o la acción de una radio comunitaria en un sector popular que es descrito como un grupo antisistema (como ya ha sucedido en Estación Central). La acción represiva tiene las facultades para actuar, el procedimiento de persecución penal tiene las tipificaciones.

El legado es haber entregado, sin mucha convicción, presionado por la campaña comunicacional de la derecha, las mayorías para aprobar aquellas normas.

III.- Por cierto, de los mecanismos que sí se deben destacar, y podríamos situarlas como un legado, es la formalización de la institucionalidad que pretende mejorar la búsqueda de detenidos desaparecidos por acción de agentes del estado en la dictadura civil-militar. El Programa Nacional de Búsqueda aparece como un genuino esfuerzo por avanzar en los principios de “Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”. Pero con la llegada de la administración Kast llaga el negacionismo y la impunidad como política pública, por lo que existen una razonable preocupación por este esfuerzo, que puede ser asfixiado, por ejemplo, por la falta de recursos.

Otra iniciativa que pudiera ser considerada, y que reconocía el accionar de agentes del estado en la violación “graves y generalizadas” de los derechos humanos en el marco de la revuelta de 2019, concretada con pensiones de gracia. Pero quedó pendiente una política integral en favor de los cientos de víctimas de aquella represión.

A la luz de los énfasis que han declarado políticos de ultraderecha, sobre eliminar las pensiones, se está en alerta de la concreción de aquella amenaza.

En definitiva, el legado de la administración progresista, en el ámbito de los derechos humanos, y en la perspectiva del mundo popular fue mediocre, logrando que se perfeccionara una serie de herramientas que en un contexto de agitación social permitirán a las autoridades perseguir y castigar aquellas formas de oposición, disidencia y resistencia contra el modelo vigente.