Primera cuenta pública de Kast: Orden y Patria
José Antonio Kast realizó su primera cuenta pública. Fue una alocución en la que ha vuelto a mostrar parte de la impronta que busca marcar en su gestión, una administración que carga con la energía de la contrareforma conservadora, aquella que apela a “Dios, familia y patria”, la triada valórica que enarbolan las ultraderechas en el continente, de hecho, al revisar el texto expone la deriva en esa dirección, contextualizando conceptos, e identificando silencios.
Obviamente que no hay referencia al concepto “derechos
humanos”. El carácter de compromiso con la impunidad de criminales de la peor
calaña y el negacionismo del presidente y su gobierno lo puede explicar. El
evidente desprecio que la derecha siempre ha sentido por esta idea que les
traslada, en sus sesgos, a la historia: ellos sostuvieron la más despiadada
dictadura que se ha dado en Chile.
En esta misma revisión, son aquellos conceptos que se reúnen
en torno al “orden, seguridad, propiedad”, las ideas que determinan la
dirección de esta administración, una línea matriz que en diciembre Gonzalo
Rojas Sánchez, guía intelectual de Kast señalaba en La Tercera: “…al
escuchar a José Antonio me parecía oír a Manuel Montt… el lema de Montt era
“orden y progreso”. Yo decía: este es un discurso en que están conjugándose
orden y progreso…”. Esta aproximación decimonónica, al periodo de la
fundación de Chile, la etapa que produjo a aquel oscuro personaje de la
oligarquía: Diego Portales, que inspiró todo el periodo conservador, es la
palanca que al parecer motiva, nuevamente, después de 150 años, esta coyuntura.
En lo concreto, y reconociendo la evidente fuerza que tiene el
discurso reaccionario de las derechas continentales sobre la local, esta parece
ser una gestión mucho más cercana a la legada en la historia de Chile, una que
pretendió darle dirección al país desde la iglesia y el latifundio como una
gran sombra desde la que se dirigía el destino del inquilinaje y los grupos
subalternos, en consecuencia se ha ido desplegando una práctica que busca
reestablecer ese orden social, que se reclama, en crisis o perdido, sistema en
el que quién tiene el poder económico son los que pone las reglas.
De los distintos anuncios que se presentaron, hay dos que se
alzan especialmente alarmantes por su lógica criminalizadora que pretenden
fortalecer esa búsqueda de orden: creación del Registro de Vándalos e
Incivilidades, y aumentar el plazo de la flagrancia de 12 a 24 horas, con lo
que faculta a las policías -y eventualmente a quienes realicen acciones de
policía como pueden ser FFAA en el marco de la RUF- en la persecución de
acciones calificadas de delitos sin la supervisión de un tribunal.
También avanzó en la idea de criminalizar a sectores sociales
especialmente expuestos al poder del Estado: migrantes y estudiantes, en la que
se plantea un proyecto para el “retorno para migrantes irregulares”, y se menciona
el proyecto de ley que ya se encuentra en trámite legislativo “Escuelas
Protegidas” para castigar distintas formas de violencia, incluidas la protesta
social.
Respecto de la gran contrareforma tributaria “Proyecto de
Reconstrucción Nacional”, que distintos analistas y dirigentes sociales han
expuesto la magnitud de lo que se pretende para los precarios derechos sociales
que se construyeron en estas décadas, el discurso oficial sigue el mismo guion:
“emergencia económica/neoliberalismo a ultranza/veneficio económico para la
burguesía que chorrea en la medida que les sobre”.
Estamos en un momento coyuntural que se muestra complejo en varios sentidos. La organización social y política parecen el único camino para contener y oponerse a esta verdadera refundación reaccionaria decimonónica. Sobre las cenizas de una gestión progresista que no logró consolidar algunas tenues expresiones de reformas, la derecha está intentando retrotraer esos tímidos avances, fruto de la movilización social, a marzo de 1990, y si el mundo popular no es capaz de articular esa oposición, el daño será profundo y duradero.
