El Mercurio disputa la narrativa del Estallido Social, Estadísticas y falacias del poder
A raíz del “Informe Estadístico” sobre el Estallido Social, elaborado por la División de Estudios, junto con la Unidad Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, se ha cuestionado su pertinencia por parte de El Mercurio, esto a pesar de ser un documento consistente con enfoque metodológico que responde a estándares técnicos de alto nivel, pero que se da en el marco de la disputa por el alcance y significado del Estallido de octubre de 2019, las críticas han pretendido desvirtuar su oportunidad, y todo centrado en uno de los cuadros que expresan un concepto: los agentes del estado cometieron delitos de DDHH.
Antecedente. El 17 de octubre fue presentado un estudio que
consolida el trabajo estadístico de la división de estudios y la Unidad de DDHH
de la Fiscalía Nacional. En 80 páginas muestran el impacto que tuvo la crisis
que vivió Chile hace 6 años, y que en concreto señala 32.901 casos en torno a
35.146 delitos, en los que se identificaron 21.766 imputados y 19.979 víctimas.
El estudio contextualiza los hechos, expone criterios
metodológicos, y desagrega con criterios técnicos lo que compete al Ministerio
Público, la investigación de hechos calificados como delitos, la persecución de
responsabilidades penales, y el juzgamiento de imputados.
En las distintas partes del documento se ordenan y clasifican
diversos niveles de delitos, víctimas e imputados, referenciando los hechos e
incidentes geográficamente, todo esto de modo exhaustivo.
Pero hubo uno de los criterios que para al medio de
comunicación generó cuestionamiento, que en la crónica titula: Advierten que
presentación de datos de fiscalía sobre delitos en el estallido conducirían a
“conclusión errada”.
De qué se trata el contrapunto. En el documento de la Fiscalía
expone en el apartado de “estadística general” tipologías para mostrar
distintos tipos de delitos: “(i) delitos de violencia institucional ejercida
por agentes del Estado; (ii) maltrato ejercido hacia agentes del Estado; (iii)
delitos de incendios; (iv) delitos realizados contra la propiedad y saqueos;
(v) delitos de desórdenes públicos y otros delitos; y (vi) personas fallecidas
en contexto de estallido social.” Especificando respecto del primero: “Delitos
de violencia institucional: comprende las denuncias por delitos cometidos por
agentes del Estado en contra particulares, que hayan afectado la integridad
física, psíquica o sexual de las víctimas, junto a delitos de torturas,
apremios ilegítimos y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y
vejaciones injustas ocurridas en el período.”.
El Mercurio despliega imaginación para construir un disenso
algo rebuscado, en la nota señala: “…entre
expertos en seguridad existen observaciones respecto de la forma en que el
Ministerio Público presentó las cifras en cuanto a la proporción de delitos
ingresados, señalando que los que lideran el listado son los delitos de
violencia institucional ejercidos por agentes del Estado, con 12.002,
correspondientes al 34,1% del total.
No obstante, los
delitos cometidos por civiles los ponen en 5 grupos distintos… Si se suman
todos estos serían 23.146 casos, equivalentes al 65,9%. Es decir, casi
doblarían los de violencia institucional.”.
La interpretación gráfica de los datos es expuesta en la
siguiente lámina:
Señalemos que la idea de diferenciar esta tipología parece
correcta en tanto del total de personas involucradas en los hechos que se
enmarcan en el periodo de la revuelta, que va de octubre de 2019 a marzo de
2020, los delitos en que aparecen involucradas personas civiles son de tan
amplio rango: desde el lanzamiento de un objeto, o obstaculizar el paso de
vehículos, a delitos de incendio. Por otro lado, tenemos de contrapunto a agentes
públicos que pretendían controlar y reprimir protestas y movilizaciones haciendo
uso de la hegemonía de la fuerza, muchas veces con armamento que fue utilizado
sin medir consecuencias, o en contextos de detención de personas a las que se
les aplicó torturas, vejámenes o violencia sexual. Parece correcto que se haya
expuesto de este modo, incluso en un supuesto de menos cantidad de delitos de
violencia institucional invirtiera el orden de la gráfica, seguiría siendo de
la más alta gravedad, pues aquellos agentes del estado, provistos de
preparación técnica, equipamiento, y fuero no se puede comparar ante la acción
de una muchedumbre, de hecho, y sin especulación de por medio, lo cierto es que
miles de funcionarios estuvieron involucrados en violaciones a los derechos
humanos, no en actos aislados, circunscritos a las coincidencias o el azar.
En este punto es que el enfoque que propone El Mercurio, y que
es replicado por las estafetas de las élites, que con este contenido logran
construir y reconfigurar la narrativa, la lucha por el relato que se vivencia
como “argumento”, y que seguirá siendo disputado en los años venideros, nuestra
experiencia de militantes del mundo social y los derechos humanos, nos indica
que el de octubre de 2019 fue el momento en que el pueblo despertó, y para las
élites el instante en que su hegemonía estuvo en peligro.
El Mercurio, jueves 23 de octubre de 2025,
cuerpo C, página 11
