Programa de gobierno, un tibio esfuerzo de Derechos Humanos

Entre la primera versión del Programa de Gobierno, al parecer un resumen que se entregó al Servel para la inscripción de la candidatura progresista de Jeannette Jara, hubo una corrección -necesaria en todo caso- sobre la importancia con la que son tratados los “derechos humanos” como noción y perspectiva. La notoria ausencia en el primer borrador fue tan evidente, que incluso un medio de derecha como El Mercurio lo destacó.

En la versión que conocimos hace unos días esa ausencia fue corregida en una mínima y correcta categorización, incorporándose como una idea -en algo más de 30 menciones- que se muestra en distintos pasajes del documento, por ejemplo, en la referencia a política para la tercera edad, los planes de formación de las FFAA, o en materia internacional.

Más allá de las urgencias electorales, que no siempre van de la mano de los tiempos y prioridades del mundo social, es signo de los procesos que vivimos de desafección entre la institucionalidad del sistema y las acciones que desde el mundo de los derechos humanos se empujan, pero es necesario hacer presente que era indispensable un tratamiento con mayor profundidad, en la construcción programática de una coalición que pretende darle continuidad al desarrollo de iniciativas en torno a esta área, y esto señalado a pesar de los pendientes que este gobierno lega sobre esta materia.

Probablemente el gran aporte que se podrá considerar sobre las demandas históricas, sobre este tema será la construcción de una política centrada en una institucionalidad orientada a la búsqueda de detenidos desaparecidos denominada “Plan Nacional de Búsqueda”.

En concreto el programa de gobierno que fue presentado a principios de este mes, se sostiene sobre cuatro ejes temáticos: Economía; Seguridad; Estado; y Convivencia democrática. Estos ejes están desarrollados en 383 medidas, en las que se exponen en distintos niveles una perspectiva de los derechos humanos, pero que especialmente en el cuarto eje se profundizan en medidas concretas en el apartado número 4 “Derechos Humanos”.

En definitiva, se profundiza en la política pública que se inició en este gobierno, comprometiendo esfuerzos y recursos para lograr avances en las demandas de los familiares de víctimas y sobrevivientes de la dictadura. Esta perspectiva que expuesta: “…los derechos humanos son universales, inalienables e indivisibles, y deben guiar cada decisión de política pública.”. Por otro lado, hay un reconocimiento de la deuda sobre memoria, verdad, justicia y reparación, haciéndose cargo de esta aspiración concretamente entre las medidas 358, sobre los sitios de memoria, hasta la medida número 365, que refuerzan, entre varias iniciativas, la institucionalidad pública en dos organismos prioritarios: INDH y Subsecretaría de DDHH, garantizando el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Búsqueda, entre otras medidas.

Por lo dicho, en principio, el marco parece correcto y apunta en una dirección que con la voluntad política y recursos adecuados pudieran significar avanzar sobre la materia.

Si el programa debiera hacerse cargo de la profunda herida que legó la dictadura y el pacto de silencio de la transición, hasta este punto podría ser suficiente como marco, pero Chile vivió un hito histórico desde octubre de 2019, una crisis respuesta de las contradicciones del sistema que en lo inmediato tuvo profundas consecuencias para miles de víctimas por la acción directa de agentes del estado. En este sentido existen dos referencias al “estallido social”, una para contextualizar políticas públicas de vivienda, y la segunda para asumir: “…la responsabilidad de enfrentar las graves vulneraciones de derechos ocurridas durante el estallido social”, de la cual se concreta en la medida 360 “Implementación de una Política Nacional de Reparación Integral en Derechos Humanos.”, pero en este punto sin hacer mención concreta a los hechos que produjeron dichas graves y sistemáticas vulneraciones.

Es en este sentido donde el programa al parecer se diluye, se cuida en expresar claramente que aquello que vivió la sociedad chilena en esos meses de ebullición es parte de la historia popular, que a pesar de la disputa por su sentido, el esfuerzo de las élites por tergiversarlo, manipulando hechos y circunstancias, aquel proceso tuvo consecuencias para miles de personas, desde la represión generalizada a cientos de miles de movilizados, a las expresiones dirigidas a asesinar o mutilar a varias centenas de personas, incluyendo prisión política, en fin, hay una evidente falta de coraje, o al menos una interesada intención de evitar reivindicar el proceso y sus consecuencias.

Es probable que, en todo este esfuerzo por navegar por las aguas turbulentas de la contingencia, y reconociendo que si la nueva coalición pretende detener a la ultraderecha, este mismo esfuerzo debe ser apuntando al electorado de centro (que es lo mismo que derechizar el discurso), pero aquello no puede ser a costa de ocultar o evitar reivindicar lo evidente: el proceso que vivió Chile en ese medio año hasta la pandemia fue justamente porque los partidos progresistas le dieron la espalda a las demandas populares. Dicho esto, es necesario no ser condescendientes con quienes pretenden construir mayorías, el mundo de los derechos humanos no tolerará estos vacíos.