Normas represoras de las movilizaciones, un escenario presente y futuro
La criminalización de las demandas sociales es una práctica que desde el Estado se ha ido perfeccionando en los últimos años. Este lunes 12 de enero se suma otro “hito” en esa larga tradición de acciones que pretenden perseguir y castigar el acceso a derechos sociales, en el caso del desalojo de la toma de Cerro Centinela en San Antonio, Región de Valparaíso, el asentamiento habitacional más extenso de Chile, constituido con aquella centenaria herramienta utilizada por el pueblo para abordar el derecho a la vivienda: la ocupación de terrenos vacíos y sin uso.
El caso generó una negociación, de casi un año, entre las
autoridades políticas encabezadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y
los dueños del predio de 215 hectáreas. Habitado por 10 mil personas de los
cuales 3 mil son niñas y niños, se informó que aquellas gestiones chocaron con el
deseo lucrativo del empresario inmobiliario que pretendió un precio que
superaba largamente el valor del avalúo, por lo que finalmente se optó por la
expropiación de 110 hectáreas -que por ley deberá ser compensado a precio de
mercado. Sobre el resto de los habitantes que se encuentran fuera de los
favorecidos, se avanzó con el desalojo por la fuerza con asistencia de carabineros,
respondiendo a una resolución judicial.
De la primera jornada de desalojo, que serán por varios días
por lo extenso de las casas que se deben derribar, se informó de tres detenidos,
dos por receptación y uno por ley antibarricadas, pues un grupo de pobladores
resistieron y se opusieron al procedimiento.
Este conflicto revela varios enunciados de análisis que es
importante tener presente para el periodo que se inicia en algunos meses más
con el ascenso formal de la ultraderecha al poder:
- La acción del Estado siempre
estará en concordancia con estructuras normativas que se fundan en un
periodo histórico, en la correlación de fuerzas de los sectores movilizados
y la validación relativa del aparato político que gobierna una coyuntura.
En este momento existe un reconocimiento absoluto del derecho a la propiedad,
una norma dogmática que tiene mínimos de excepcionalidad, doctrina que se
ha profundizado en los últimos años, en especial después de la experiencia
constituyente de 2022;
- El esfuerzo del
gobierno por llegar a un acuerdo con los dueños del predio, en una negociación
que estuvo cruzada por la especulación, y que desembocó en la vía de la
expropiación de una parte del predio, parece más un punto intermedio, un “win-win”
que muestra algo de la fisonomía de la administración que termina en marzo,
responder las demandas a un grupo de pobladores y dejar afuera a otros, y pagar
al empresario inmobiliario el precio de mercado por lo expropiado, y no
una solución consistente con el compromiso con los derechos sociales;
- Con la detención de
uno de los manifestantes por infracción de la ley 21.208 “antibarricada”, norma
de 2020 concebida para la criminalización de la movilización social, queda
clara la vigencia de la acción represora del estado;
- Aunque la toma de
cerro Centinela es previa a la Ley 21633, de noviembre de 2023, que busca castigar
la ocupación de inmuebles, en un contexto de ausencia de políticas públicas
que avancen en la solución del déficit habitacional, es altamente probable
que en el próximo periodo se profundice tanto acciones de movilización,
como la criminalización y represión de la misma como respuesta del estado.
Una de las grandes apuestas del gobierno saliente fue profundizar en las
herramientas de “punitivización” de distintas formas de disidencias,
cuestión que estamos seguros, será útil para que el gobierno entrante
pueda desplegar con toda la fuerza aquel repertorio que les permita contener,
controlar y castigar la disidencia social.
La represión que está aconteciendo en estos días es una muestra
de dos fenómenos: en este periodo, el Estado ha sido dotado de más y mejores
normas para responder a demandas sociales, este al parecer será uno de los
legados de este gobierno; y, que en marzo se inicia un periodo en que el
despliegue de ese instrumental pudiera significar mayor represión a los movimientos
sociales y al pueblo, cuestión que requiere estar alertas y preparados para la
asistencia de aquellos que luchan.
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