Kast y el autoritarismo latente

El diputado Gaspar Rivas presentó un proyecto de ley denominado: “Reforma la Constitución… introduciendo el estado de justicia en el ordenamiento institucional, permitiendo al Presidente de la República disolver el Congreso Nacional en el caso que indica y disponiendo la derogación de pleno derecho de toda norma jurídica que contravenga la constitución.” (Boletín 17989-07 del 21 de noviembre de 2025).

Este es un proyecto de ley que se da en un contexto singular. Su promotor termina su mandato como diputado en marzo, no fue reelecto, y el tono de la iniciativa suena extravagante, pues rompe con una tradición constitucional que, aunque ha sido vulnerada por la fuerza -la dictadura es su expresión más concreta-, normativamente nunca ha existido un mecanismo que establezca una situación como la propuesta. El debate, de momento, tiene pocas posibilidades de avanzar con apoyo ni del gobierno saliente, ni entre diputados por lo que es probable que, si no hay un interés inmediato, se torna compleja su aprobación, además de tener evidentes vicios de constitucionalidad.

Lo significativo de este proyecto, es que su presentación se da en medio de las elucubraciones sobre la instalación e inicio del nuevo gobierno de ultraderecha encabezado por J.A. Kast.

En agosto de este año, mientras se iniciaba la campaña presidencial, Kast emitió unas declaraciones ante inversionistas, conceptos que han seguido resonando con el pasar de los meses, señaló: "el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes imaginan. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado…".

Previo a la segunda vuelta presidencial, algunos columnistas desde El Mercurio señalaron que ante un gobierno de derecha lo que correspondía era cumplir los compromisos, enmarcado en la idea de un “gobierno de emergencia”, desde marzo tendrían 100 días para imponer la impronta de urgencia, cuestión que sabemos, fue una narrativa que permitió en parte ganar la elección, entre otros elementos, con el resultado del 14 de diciembre.

Existen dos modelos que pudiera seguir el ultraderechista en sus primeros meses de gestión: el de Meloni en Italia, una ultraderechista con una gestión definida como pragmática, que ha ido avanzando en su programa de modo gradual pero seguro en estos años; o el modelo Milei, el de la motosierra y de shock social, una idea provocadora, además, porque a diferencia del gobierno progresista que en su instalación tuvo el plebiscito de salida de septiembre de 2022 como un horizonte inmediato, el de Kast no tiene ningún torneo electoral hasta julio de 2028, y sumado al importante caudal de votos, una cámara de diputados con holgura y una voluntad para cumplir las cosas que prometió, es probable que opte por el garrote, el shock, el “no hay plata” y pretenda, por la vía de una combinación de herramientas: esfuerzo legislativo, y decretos emanados de la potestad reglamentaria, podrían tener el armamento para empujar su programa de “trasformaciones”, que no es más que profundizar el neoliberalismo.

La complejidad para el mundo popular es que el cumplimiento del programa de Kast está amparado en el relato del 58% de apoyo de la segunda vuelta, o 7 millones de votantes, una barrera discursiva que intentará legitimar la agenda reaccionaria, y entre todos estos aspectos puede tener sentido una iniciativa que va en camino con lo que expone el proyecto de Rivas. Probablemente será un mensaje legislativo algo más sofisticado, pero tiene todo el sentido que la derecha sienta necesario: mecanismos de control de la oposición social y política, mecanismo que en todo caso este gobierno ya adelantó en los 3 años de estados de excepción en el wallmapu y la frontera norte, nadie del mundo progresista que haya colaborado con esta administración podría sentirse sorprendido de la continuidad de esta normativa en el próximo periodo.

En este punto es necesario señalar algo evidente, el mundo social y popular deberá estar atento a este proceso: la instalación y despliegue de un gobierno que pretende avanzar en un programa profundamente regresivo para derechos sociales, y la idea de contar no solo con la potestad reglamentaria, sino que con una institucionalidad que pudiera darle mayores herramientas es una posibilidad deseable para los reaccionarios, en eso si hay que estar alerta.