Control biométrico en colegios de Santiago, un paso más al estado policial
La noción de 'ventana de Overton' ha sido utilizada extensamente para explicar cómo ciertas políticas públicas, inicialmente vistas como impensables o inaceptables, logran convertirse en opciones legítimas o incluso deseables para la opinión pública. Este desplazamiento suele producirse por la acción de grupos de interés que, aprovechando contextos históricos específicos —crisis, miedos colectivos, incluso eventos catastróficos—, consiguen configurar los márgenes de lo políticamente posible. Es más que una evolución espontánea, se trata de un proceso de normalización de discursos que prepara a una comunidad para implementar políticas antes inaceptables. Ejemplo inmediato puede ser la militarización de espacios civiles en nombre de la seguridad.
Entre los antiguos militantes del
mundo popular esta noción se le denominaba: “mover el cerco”, o de modo algo
más sofisticado “tráfico ideológico”. Parece sorprendente, para decirlo incluso
con indignación, que una idea como el control en el acceso a establecimientos
educacionales se esté pensando. Implementar mecanismos de control que van desde
pórticos detectores de metales, y en un peldaño más en el horizonte del “estado
de control policial”, sistemas biométricos con IA.
La sorpresa es que estas medidas se
debatan, y a pesar de las advertencias de legalidad que han emitido
instituciones como la Subsecretaría de Educación, y la crítica del Colegio de
Profesores, se esté señalando que desde enero del 2026 en la comuna de Santiago
estarán funcionando en regla. La verdad es que cuando un Estado asume como
principal motivación la orientación punitiva para enfrentar fenómenos de desorden
social, es factible que mecanismos como los que comentamos estén siendo
implementado y que a la vez parece que a muy poca gente le importe.
Y más allá de la crítica teórica
sobre control de los cuerpos, la complejidad adicional y concreta es que estas
medidas se pretenden implementar sobre niños, niñas y adolescentes, a los que
se declaran como un eslabón social que debiera tener un trato especialísimo de políticas
públicas, por lo mismo la legislación está empapada del “interés superior de
NNA” como una perspectiva que debe nutrir el debate y la implementación de
normas, pero el esfuerzo por criminalizar la movilización social es más urgente
que otras consideraciones sobre garantías y desarrollo de los sujetos a los que
se les pretende controlar.
Pero esta tendencia es parte de
una, a esta altura, larga estela de medidas que tienen en el horizonte la idea
del “control de todas las formas de disidencia”, en una sociedad que es
arrinconada entre la evidencia efectiva de fenómenos como la delincuencia, y la
construcción de un discurso que señala en esa disidencia un antagonista que
debe ser reprimido.
En una perspectiva de Derechos
Humanos, la utilización de mecanismos de control como los que se están
proponiendo están cuestionados desde distintas organizaciones y desde la
opinión de profesionales que trabajan con NNA.
Como en esta coyuntura, estas son
iniciativas que se están incorporando reciente, el caso más notorio fue la
instalación, en marzo de 2025, de un pórtico detector de metales en el ingreso
al Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra Alarcón en Temuco. La Subsecretaría
de Educación multó a la Corporación municipal sostenedora del establecimiento por
infringir normativa vigente, pero de igual forma está en funciones. Al parecer
este es el modelo desde el que se pretende regular este tipo de mecanismo, lo
que está proponiendo la administración municipal de Santiago es a este
mecanismo incorporar tecnología de reconocimiento facial.
Los fenómenos de violencia escolar,
en establecimiento son de larga data. Después de la reapertura sanitaria hubo
un incremento en la cantidad y violencia, afectando a comunidades escolares a
lo largo del país. Pero de momento los estudios sobre este fenómeno no son
concluyentes. Entre 2022-2023 se dio un alza importante en estos eventos
(violencia de agresiones físicas y utilización de armas), para que
posteriormente bajara en este primer semestre de 2025 a niveles prepandémicos,
al parecer nada aún concluyente pero que señalaría sobre la rapidez de tomar
medidas generalizadas y estructurales (como pueden ser proyectos que se están debatiendo
en el congreso, el 7 de julio la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara
de Diputados aprobó dicha iniciativa).
Lo de la municipalidad de Santiago
definitivamente pasa por otra razón, es lisa y llanamente un esfuerzo político
por contener expresiones de movilización social legítimo, no se ve otra motivación
a la amenaza de que en enero se instalarán pórticos y dispositivos de control
biométrico, partiendo por Instituto Nacional y que este sería el primero de
otros de la comuna.
Solo para mencionar aspectos críticos
que este tipo de medidas tiene en otras latitudes: consentimiento informado; proporcionalidad
y finalidad; efectos educativos adversos; marco legal, el que se implementen iniciativas
como la que señalamos será, sin duda, un nuevo retroceso en garantías y
derechos ciudadanos, pero además, es una nueva advertencia de la deriva punitiva
que nos está llevando el Estado.
