ACOT, política de seguridad y estado policial

La idea de “continuidad de políticas públicas” en el estado, aquellas formas que se traspasan de un gobierno a otro y que dan una señal -resaltadas con orgullo republicano- de coherencia, se funda en principios compartidos por coaliciones de partidos políticos, élites y burocracias, adquiere relevancia en esta coyuntura.

Las ciencias políticas aportan una herramienta conceptual para explicar este fenómeno, denominada “Dependencia del camino” o “path dependence” que podría explicar por qué las instituciones y las políticas públicas tienden a la continuidad: por inercia histórica, por coincidencia ideológica y por la burocracia que las sostiene. Por cierto, que este constructo es pertinente cuando se trata de políticas que mantiene programas de derechos sociales y beneficios a la población vulnerable, el problema es cuando este mismo instrumento sirve para extender y perfeccionar aspectos de la acción del estado centrada en la persecución, criminalización y castigo contra las disidencias, perdiendo en este tránsito la perspectiva de derechos humanos.

Las políticas de seguridad que se vienen implementando en el país, gobierno tras gobierno, cada administración aporta un grano de arena en una estructura que suena coherente, sean gobiernos de pretensiones progresistas, o de corte conservador o de ultraderecha, son una muestra concreta de “Dependencia del camino”.

El gobierno que inició su recorrido en marzo de 2022 venía con una pretendida voluntad de transformaciones, algunas de las que eran respuesta a anhelos profundos de democratización de las políticas de seguridad y las instituciones que desde el estado se encargan de prevenir, investigar, castigar la ocurrencia de hechos calificados de delito, demanda que emanaba de la experiencia de resistencia a la represión entre 2019 y 2020 vivido en las principales calles de las ciudades del país.

Se ha dicho que el resultado del plebiscito de septiembre de 2022 truncó cualquier intento de empujar el programa. Visto a la distancia, y como desde el mundo popular y los DDHH se planteó, claudicar en ese horizonte mínimo sería un error, repetir aquello que marcó la transición: política “en la medida de lo posible” lo pagaríamos caro, y al mirar este recorrido, no se ha hecho más que confirmar la alerta que en su momento se alzó.

No pretendemos obviar la evidencia de este ciclo histórico: ascenso de las ultraderechas en el mundo, emergencia de nuevas subjetividades al momento de politizar la sociedad, y la política institucional como performance, pero en Chile la posibilidad de contener el avance de la reacción antireformista era una opción que no se asumió.

En la segunda semana de agosto, el gobierno de ultraderecha presentó un paquete de proyectos de ley denominada Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Este es un grupo de 19 proyectos, algunos que ya están en tramitación desde la anterior administración, por lo que el actual gobierno solicitó aplicar urgencias legislativas, en una perspectiva de continuidad política y legislativa, e incorporó algunos otros proyectos, para darle matices y coherencia a acentuando su agenda programática con la que ganó la elección de diciembre.

En todo esto hay algo de juego de máscaras. La agenda de seguridad desde al menos hace 3 décadas ha estado hegemonizada por las derechas, marcando los puntos que son de su interés, y siendo los partidos progresistas comparsas de aquella preocupación. Bajo el gobierno reformista de Boric tuvo un momento con el control sobre la materia, con un programa que señalaba mínimos, y que por desidia, falta de voluntad o incapacidad, al final también fueron jalonados por la agenda de las derechas, y de pasada legaron uno de los mayores fracasos legislativos para el mundo popular y de DDHH: ley “Gatillo Fácil” o Nain-Retamal.

Hoy el gobierno de ultraderecha tiene en su centralidad la “seguridad pública” como tema, con una opinión pública absolutamente seteada en favor de la mano más dura posible, concentrando todo el esfuerzo en represión, dejando de lado cualquier horizonte de prevención, o focalización de programas, u otras herramientas que pudieran impedir procesos de criminalización, optando por la estigmatización, el clasismo y punitivismo normativo para señalar a los indeseables antisociales.

Pero además, el paquete de proyectos presentado contempla en su enunciado, taxativamente al “terrorismo”, una categoría política que se inserta perfectamente con la agenda de la ultraderecha internacional, y especialmente en el documento que publicó EEUU en julio titulado “El Departamento de Estado aborda el resurgimiento internacional del terrorismo político de extrema izquierda”, algo que para cualquier ana

lista puede concluir que aquellas directrices son una excentricidad, un chivo expiatorio que responde más a requerimiento de política doméstica en EEUU, y que ordena a sus gobiernos proxis -como Chile- sobre los enemigos que deben señalar en sus esfuerzos represivos, una lógica que nos retrotrae directamente al periodo más oscuro de la dictadura.

Cual recetario estándar que se aplica a cualquier país con gobierno de orientación reaccionaria, opera el “trafico ideológico” de los sentidos comunes en que la población considera “razonable” restringir derechos y libertades políticas, incluso la presencia de las FFAA en el control de orden público, con facultades de excepción, con una normativa laxa que acompaña la represión, todo está dado para que aquellas políticas legisladas en gobiernos anteriores, adquieran otra connotación: ley gatillo fácil, ley anti barricadas, ley antitoma, reformas procesales, escuelas segura, reformas de ley penal adolescente… cada una suma para la consolidación del estado policial en regla.

Esto ya no es un simulacro del peligro que acecha al mundo popular y de DDHH, es el presente de la acción reaccionaria, y debemos actuar ahora, puede que ya sea demasiado tarde.