Proyecto "Escuelas Protegidas", criminalizar la infancia
Este martes 21 de abril, fue aprobada por parte de la Cámara de Diputados el proyecto denominado “Escuelas Protegidas”, iniciativa que ahora debe ser tramitado en el Senado en los próximos días.
El gobierno de derecha ingresó este proyecto concentrando todas
aquellas nociones doctrinarias que les representan: control punitivo, orden
vertical y autoridad. A partir de fenómenos sociales de honda complejidad, la
violencia estudiantil está asociada a procesos vitales, entornos culturales y
realidades sociales que exceden largamente la idea de que con castigo se puede
revertir su incidencia en los entornos educacionales. En el debate técnico, en
todo caso, hay abundante opinión respecto que la corrección punitiva es un
ámbito que debe quedar en la última ratio, en lo posible solo en caso donde
cualquier otra vía se ve superada, y nunca sin dejar posibilidad de reinserción
y en la comprensión que se aborda el desarrollo de niños, niñas y adolescentes
(NNA) que son sujetos de especial protección de parte del estado y la sociedad.
Porque, en definitiva, cuando este proyecto de ley apuesta
políticamente a que no hay otras alternativas más que el castigo, se les señala
como un grupo social que no merece ser atendido por otras vías, o se los
presume como un antagonista al que se les debe castigar.
El proyecto ingresó el 6 de abril como mensaje bajo el título “Proyecto
de ley que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad
educativa”, permitiendo vislumbrar la impronta autoritaria de la gestión que
estamos viviendo.
En los antecedentes del Mensaje, hace referencia al estudio Teaching
and Learning Intenational Survey (“TALIS”), financiado por OCDE, en el que
expone los niveles de estrés de docentes al mantener la disciplina en el aula.
Se muestran cifras significativas en torno al 50% de docentes estresados en
esta dimensión de la acción educativa. Pero al avaluar este índice respecto del
gasto per cápita, aunque Chile no es el que menos invierte -en torno a los 8000
dólares anuales, las economías OCDE están en torno a los 16.000 dólares, se
podría suponer, como han señalado distintos expertos y académicos, que con una
mejor formación e infraestructura, el docente podría mejorar este índice que
aparece como apremiante en el resultado de la encuesta, premisa del proyecto.
Pero hay un segundo índice que es mucho más llamativo, y que
justifica, para el gobierno, este proyecto. Cito: “los datos del registro de
denuncias de la Superintendencia de Educación Escolar asociadas a “Maltrato a
miembros adultos de la comunidad educativa”, muestran un aumento sostenido en
el total de casos reportados a nivel nacional, pasando de 441 en 2023 a 536 en
2024 y llegando a 716 en 2025...”. Esta ley pretende sancionar a todo un
segmento de la población por la incidencia de 700 denuncias, que por supuesto
deben ser atendidas con políticas públicas, pero hablamos de un universo de 463.923
estudiantes de 7.760 establecimientos en todo Chile (Sistema de Admisión
Escolar -SAE).
El proyecto no se pronuncia sobre la incidencia de la
violencia interescolar, por lo que suponemos que no es de la preocupación de
las autoridades.
El mundo, y Chile, vivió una pandemia que según sicólogos
sociales y educadores, ha marcado una profunda huella en una generación de
jóvenes, que inciden de distintas maneras en las interrelaciones en los
establecimientos, además del impacto de otros fenómenos como son los nuevos
soportes tecnológicos que requieren mayor atención para incorporarlos como componentes
de las situaciones de violencia escolar, siendo el caso de un liceo en Calama
una alerta que debemos abordar como sociedad, donde el estado es el principal
promotor de políticas públicas que acompañen aquellos procesos locales.
Hace unos días, la académica Josefa Aguirre alertaba desde una
columna en El Mercurio “Violencia escolar: el costo de la mano dura”, al analizar
sobre la “sanción expulsiva” como herramienta sancionatoria de NNA, cita
estudios internacionales que correlacionan este tipo de medidas con la
probabilidad de estar expuestos, en etapas posteriores, al sistema penal adulto:
“… si la única herramienta que
expandimos es la sanción expulsiva, corremos el riesgo de trasladar el problema
de la escuela a la calle y de la sala al sistema penal…”.
Además de un catálogo de sanciones
que abarcan dimensiones como “…revisión de mochilas, bolsos u otros efectos
personales de los estudiantes…”. “…Revisión de vestimentas y efectos
personales en establecimientos educacionales.”, “…Las instituciones de
educación superior obligadas a otorgar estudios gratuitos a los estudiantes de
conformidad con este título, pondrán término a este beneficio…”, todas que
vulneran el interés superior de NNA, como idea matriz del orden jurídico.
Del tenor de esta
redacción, aprobada este martes, y que debe continuar su tramitación en el
Senado, con una reserva de constitucionalidad que deberá ser resuelta por el
Tribunal Constitucional, en especial por el inciso que suspende la gratuidad, queda
en evidencia que en el fondo la idea guía está entorno de la criminalización de
expresiones de disidencia social y política, el gobierno aprovechó la
oportunidad del impacto de hechos ampliamente expuestos en la opinión pública,
se entiende que el castigo va detrás de aquellos que irrumpen el orden social,
especialmente del movimiento estudiantil.
Como mundo de derechos
humanos no podemos menos que estar de acuerdo en que es el Estado el que debe
propender en abordar fenómenos como la violencia en los establecimientos, pero
debe ser de acuerdo a estándares de respeto donde los sujetos de atención son
NNA, y que todo lo que se haga en esta etapa de los ciclos vitales determinarán
sus biografías futuras, además de asegurar otros derechos políticos.
