CODEPU: 45 AÑOS DE LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS

CODEPU nace el 8 de noviembre de 1980, a siete años de iniciada la dictadura. En su origen funcionó en el número 1990 de calle Grajales, en una antigua casa de ese barrio residencial. Aquel espacio fue desde el principio un lugar para asistencia judicial, y apoyo a los perseguidos de la acción del estado: sobrevivientes, compañeros de las víctimas, y familiares de prisioneros políticos.

Dos meses antes de la apertura de CODEPU, la Dictadura había realizado una consulta para promulgar su Constitución, esto mientras regía el estado de excepción en todo el territorio nacional, los partidos políticos estaban sometidos a un estricto receso impuesto por la fuerza y no existían registros electorales fiables, pues los existentes hasta 1973 habían sido incinerados. 

En esa etapa, ya se había dado el primer esfuerzo por institucionalizar la impunidad: en abril de 1978 la Junta Militar había dictado un decreto de autoamnistía con la finalidad primordial de beneficiar a los miembros de las fuerzas armadas y los organismos de seguridad involucrados en las violaciones de derechos humanos.  La Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) se transformaba en Central Nacional de Informaciones (CNI) dado que la primera, desde la perspectiva del régimen, había cumplido su labor y la dictadura, tras los atentados en contra de Carlos Prats, Orlando Letelier y Bernardo Leighton le puso término a su existencia, lo que no significaría en caso alguno, el cese del terrorismo de Estado.

No obstante, el poder casi omnipresente del aparato represor no había impedido que hombres y mujeres ejercieran actos de resistencia y rebeldía, incluso a riesgo de sus vidas, por lo que se habían generado una lenta y creciente acción de los sectores más avanzados y organizados del mundo poblacional, estudiantil y sindical. Además, era evidente que a pesar del miedo, políticamente existían signos públicos de descontento con la situación, y se alentaban manifestaciones cada vez más frecuentes, siendo las primeras movilizaciones, las de agrupaciones de familiares de víctimas de la represión, que acrecentaban la denuncia y concitaban la solidaridad y el apoyo social.  Es en este marco que hacia fines de la década de 1970 irrumpió con mayor frecuencia la “resistencia armada” y el régimen respondía con Consejos de Guerra y condenas de penas de muerte.

CODEPU es resultado de estos procesos sociales y políticos que cuajan en una organización con una identidad de urgencia, pero a la vez con una misión amparada por el despliegue de militantes del mundo social y profesionales, donde la acción popular en poblaciones y espacios de actividad diversa se desplegaban como testimonio de resistencia y esperanza, que pudiera empujar el fin de la dictadura, bajo la noción que solo el pueblo está en condiciones de defender al pueblo. Es así como la casona de Grajales se transforma en un espacio de concurrencia de familiares de víctimas, sobrevivientes y compañeros de la lucha social, con la asistencia de profesionales democráticos de distintas disciplinas, además de activistas de organizaciones sociales pretendiendo no solo una defensa mancomunada, sino también en el horizonte generar y crear un orden social más humano y justo.

CODEPU fue construyendo una noción de los Derechos Humanos más amplia respecto a los enfoques que tenían otros organismos de defensa y asistencia, en un momento que se daba el debate sobre acciones de “conciencia” contra el régimen, y aquellos que eran denominados como “hechos de sangre”, una distinción que separaba inmediatamente los actos de resistencia que tuvieran una connotación activa contra el régimen. En este sentido CODEPU entendió que toda acción de resistencia, sin importar su carácter e impacto, y ante la existencia del desafío de sobrevivir la represión de agentes del estado, eran acreedores de defensa, en una perspectiva doctrinaria progresista y radical, en un contexto internacional que no veían solo los derechos humanos como restricción de derechos civiles y políticos, sino que introdujo la perspectiva de los derechos de los pueblos, el derecho a resistir a las tiranías.

El primer Directorio de CODEPU, lo presidió la abogada Fabiola Letelier del Solar, y estuvo integrado por Fernando Castillo Velasco, Manuel Almeyda Medina, Juan Pablo Cárdenas, Fernando Zegers Ramírez, María Maluenda Campos, Rafael Maroto Pérez y Blanca Rengifo Pérez.  Posteriormente se integraría la destacada médico Paz Rojas Baeza, que le imprimió un sello distintivo de gestión ejecutiva orientada en los principios que se habían definido en ese periodo. 

Desde aquella temprana actividad, CODEPU se preocuparía de manera urgente a la defensa jurídica de presos políticos, así como a la promoción de la formación en derechos humanos desarrollando, además, una línea investigativa y denuncia de los efectos de la tortura por parte de los organismos represores, elaborando y entregando informes a organismos internacionales, que permitió alertar sobre la dramática situación que se vivía, y la elaboración de un Boletín Informativo que jugó un rol central ante las restricciones y la censura impuesta. Desde el punto de vista organizacional, logra desplegar orgánicas hermanas con sedes en las principales ciudades del país.

Esta intensa y decidida actividad entró en el radar de los organismos represivos, lo que significó que el 25 de octubre de 1982, CODEPU enfrentara una incursión represiva, con un violento allanamiento que pretendió paralizar e impedir continuar sus labores. Fueron detenidos once personas que se encontraban en el lugar, entre ellas la religiosa Blanca Rengifo y el, por entonces, dirigente universitario, Jécar Neghme quien hacia fines de esa década sería asesinado siendo dirigente del MDP y del MIR, el 4 de septiembre de 1989.  Lo ocurrido en la casona de Grajales, era la muestra que CODEPU, a través de su trabajo no solo se instalaba como un referente de la defensa de los derechos humanos, sino que generaba incomodidad a la autoridad, y la reacción, a pesar del miedo y el dolor, fue que seguirían cumpliendo sus labores.

Al tener una presencia activa en el devenir de los esfuerzos por denunciar, asistir y empujar el fin de la Dictadura, hubo hitos significativos que expusieron la voluntad para generar esos cambios. El 11 de octubre de 1983, se realizó una multitudinaria concentración en avenida General Velásquez, donde la oradora principal fue Fabiola Letelier.  Se estaba en presencia de un acontecimiento significativo y precursor de una nueva etapa en la lucha por la libertad y la democracia. Al acto concurrieron alrededor de 130.000 personas representando un hecho nuevo en esos diez primeros años de dictadura. Se reunieron los sectores de oposición que ya venían impulsando las protestas nacionales y todos coincidían, por entonces, en un objetivo político y urgente: la salida de Pinochet, la demanda de democracia y la exigencia de Pan, Trabajo, Justicia y Libertad.

Pero el puño represivo de la Dictadura tenía preparado otro golpe al corazón de CODEPU. El 2 de julio de 1984, es asesinado Patricio Sobarzo Núñez, secretario ejecutivo de la organización, mientras respondía a un llamado de auxilio de familiares de una víctima, al que la CNI había herido a bala en un incidente en la comuna de Macul. Patricio había intentado sacar al herido en su vehículo, pero fue identificado por el comando de exterminio, encabezado por Álvaro Corbalán Castilla y en el sector de rotonda Departamental fueron abatidos. En la memoria del sacrificio de este mártir de la defensa de los derechos humanos, cada año se le recuerda como ejemplo del compromiso de CODEPU.

La segunda mitad de la década de 1980 fue intensa, con miles de acciones de asistencia, entremedio del asedio permanente de los agentes represores, hasta el plebiscito de 1988. CODEPU alentó una vía política en la que debía estar al centro la libertad de las y los presos políticos, el fin de los estados de excepción y el exilio, el conocimiento del destino de detenidos desaparecidos, el juzgamiento de los criminales, la identificación del apoyo civil de la Dictadura y el cumplimiento de un programa que devolviera la dignidad arrebatada al pueblo. El fin de ese periodo fue muchas cosas contradictorias, y los cambios fueron lentos, pausados por la entrada de una nueva generación de dirigentes que habían pactado la transición, CODEPU siempre se colocó detrás del horizonte: Juicio y Castigo, el reconocimiento de las víctimas, y el anhelo de NUNCA MÁS.

La transición, con su política en “la medida de lo posible” fue exponiendo las contradicciones de un sistema que se había consolidado a fuerza de dolor y muerte. Esta perspectiva arrastró muchas voluntades, que asumieron el estado de las cosas con resignación. Pudo ser signo de ese nuevo tiempo el traslado de las oficinas de la organización a calle Paseo Bulnes, a unas cuadras del poder institucional, una forma de reconocer una “normalidad” de los procesos políticos.

En todo caso, hacia mediado de la década del 2010, CODEPU vivió una crisis que se podría denominar de “vacío”. La impunidad ganaba en muchos ámbitos, el intento del olvido era la forma de las nuevas élites tenían para ejercer el poder, y estuvo a punto de cerrar. Pero la historia y el pueblo tenía deparada un último desafío.

Octubre de 2019 fue un punto de inflexión, donde la herramienta organizacional de CODEPU se tensó una vez más ante la urgencia y lo dramático de los hechos. Para muchos de los antiguos militantes y activista fue el reconocer en ese estado de permanente asedio y violencia institucional, en que agentes de estado señalaban al pueblo como el “enemigo” de una guerra, la memoria y la cultura de resistencia surge para nuevamente colocarse a disposición de las víctimas. Fueron cientos las atenciones: traumas oculares, torturas y vejámenes, prisión política, represión masiva a la protesta social. Las oficinas de CODEPU se abrieron, asistencia jurídica en decenas de acompañamiento en comisarías, audiencias de control de detención, juicios como querellantes o defensores de criminalizados; por otro lado la asistencia sicosocial, indispensable para el apoyo de las víctimas de la violencia estatal; o del monitoreo, denuncias de los atropellos de los derechos humanos, colaboración en informes internacionales, todas tareas que se han asumido por nuevas generaciones de activistas y profesionales.

El horizonte no se observa de modo auspicioso. El negacionismo activo, que pretende retroceder los tímidos avances que se han logrado en estas tres décadas en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición están absolutamente entredicho. En las últimas semanas hemos conocido algunas propuestas electorales, los herederos políticos de la Dictadura hablan de “justicia es venganza”, “indultar a los presos de Punta Peuco”, “cerrar el paréntesis 1973-1990”, entre otras formas de revisionismo.

En este 45 aniversario, CODEPU debe seguir siendo un instrumento de las luchas del pueblo, la defensa de los derechos humanos, y la búsqueda de verdad y justicia.