Un falso positivo no puede invalidar la búsqueda de verdad, justicia, reparación, memoria y compromiso de no repetición

La existencia de un falso positivo no invalida una muestra. Eso es una afirmación estadística estándar: en una muestra de 1000 sujetos, la presencia de un dato errado representa un margen de error del 0.1%. En términos estadísticos, aquello no compromete la validez global del conjunto. Sin embargo, este tipo de situaciones exige adoptar una actitud metodológica que transparente las limitaciones del instrumento o metodología utilizada, realizando análisis de sensibilidad, reportando los márgenes de error de manera explícita y mantener una humildad epistemológica. De este modo, al menos se evita la búsqueda de una perfección inalcanzable, pretensión que se convierte en un obstáculo al momento de reconocer y comunicar una verdad.

Esto que acabo de señalar es un abordaje promedio de un manual de estadística en cualquier disciplina de las ciencias sociales en el mundo. El problema es que de lo que se refiere es sobre la existencia de un caso, un falso positivo, que impacta en un tema tan transcendental como las violaciones a los derechos humanos en la dictadura.

El avance de verdad, justicia, reparación, memoria y compromiso de no repetición han sido tan complejos, lleno de valles, silencios y amenazas, que ante la presencia de un caso como el que se ha denunciado en estos días, de una excombatiente que logró eludir el cerco de muerte en el extranjero, y desde esa nueva realidad reconstruir su vida, tiene una serie de complejidades: hasta qué punto la supervivencia, legítima en medio del miedo, justifica el dolor que provoca a los que sobrevivieron acá en Chile, familia y compañeros que detrás de ella dejaba una estela de angustias e incertidumbre, y en esa condición se logra un punto de reparación, comprometido por el mismo Estado que propinó el castigo, a los sobrevivientes -en especial a su familia- por la vía del reconocimiento a estos como víctimas, además de la posibilidad de resarcir el daño propinado por la vía de una pensión y otros beneficios.

Este evento se ha transformado en el abono para que el negacionismo más reaccionario campee, cuestionando el trabajo de miles de personas que siguen en la búsqueda de respuestas, ahora cubierto por el manto de la duda malintencionada, pues nuevamente, una muestra errónea no invalida el resultado total, a lo suma exige que quienes realizan el esfuerzo por el instrumento admitan que puede haber un margen de error.

A nivel mundial se han conocido de otros casos de “falsos positivos” que nos pueden permitir ampliar el rango de respuesta institucional de este fenómeno.

1. Argentina - Caso de hijo de víctima de desaparición -dictadura 1976-1983: Adrián Martínez Moreira.

2. España - Niños Robados del Franquismo y primer periodo de la transición (décadas 1930-1990). Miles de familias buscando niños robados se encontraron con falsas identificaciones en pruebas de ADN; estafadores que se hacían pasar por niños robados; Listas infladas con casos no verificados.

En este caso complicó las investigaciones y logró desacreditar temporalmente las denuncias.

3. Guatemala. Guerra civil (1960-1996) con genocidio contra población maya. En el proceso de exhumación de fosas comunes algunas identificaciones resultaron ser erróneas mezclando víctimas del conflicto con muertes por causas naturales, además de dificultar distinguir entre combatientes y civiles. Esto retrasó procesos judiciales y generó conflictos comunitarios.

4. Bosnia-Herzegovina. Guerra de los Balcanes (1995), masacre de Srebrenica. El problema fue el proceso de identificación masiva con ADN incorrectos, mezclados de diferentes víctimas donde familias recibieron restos equivocados, provocando trauma por la revictimización.

5. Sudáfrica. Comisión de la Verdad y Reconciliación post-apartheid (década de 1990), en que algunas personas se hicieron pasar por víctimas para recibir reparaciones, en ese caso la Comisión implementó rigurosos procesos de verificación.

En Chile tenemos una ventaja que opera como oportunidad. El instrumento que en este momento está asumiendo la tarea institucional: “PLAN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE VERDAD Y JUSTICIA”, que se señala como “Política pública de carácter permanente del Estado de Chile para esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte, y el destino final de las personas víctimas de desaparición forzada, durante el período de la dictadura civil y militar” debe asumir este doble desafío, mejorar los procedimientos y revalidar los esfuerzos metodológicos con rigurosidad, admitiendo siempre la posibilidad que pudieran existir otros casos como el que se ha conocido.

Si en este contexto existen responsabilidades políticas de algún nivel por no haber hecho lo que corresponde, una vez conocido el caso que aludimos, es decir informar a los estamentos para profundizar en la investigación: tribunales y eventualmente Contraloría General de la República, tendrán que ser asumidas, pero nuevamente, este hecho no invalida el total de la muestra, menos aún cuando detrás de este incidente existen historias de dolor, muerte y sobrevivencia de la más compleja y profunda significación humana, y en eso no podemos claudicar.