ÚLTIMA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, DOTAR DE SENTIDO LOS DERECHOS HUMANOS: PENDIENTE

Introducción. A 10 meses del término de la administración Boric, la última cuenta pública profundiza el giro que desde hace algunos años hemos señalado como una barrera a cualquier posibilidad de cumplir compromisos asumidos en el programa de gobierno.

Es probable que este periodo, que termina formalmente en marzo de 2026, abrirá una etapa de análisis histórico, que evidenciará las complejidades de los procesos que se pretenden transformadores, y respecto al que vivimos, se señalará el naufragio por falta de claridad del destino al que se pretendió llegar, o por falta de capacidad de quienes dirigen el viaje, o por las dificultades que presentan los contextos que van obligando a adecuar el rumbo. De estas tres dimensiones, es posible identificarlas en lo que podríamos denominar cierre del proceso institucional, puntualizado en: ausencia de claridad del destino de las transformaciones, faltas en la conducción, y la incapacidad para sortear contextos adversos que se presentaron en el periodo.

Por lo tanto, la cuenta pública del 1 de junio, la cuarta y última de esta administración, de algún modo ha dejado en evidencia estos aspectos del proceso, con el adicional que, respecto de los derechos humanos, la conclusión ha sido aún más ajustada, dejando como herencia del periodo, una estela de frustración con un sabor de despolitización generalizada en bastos sectores sociales y políticos. 

Derechos Humanos, una noción que debe volver a tener sentido real

En la alocución presidencial, de dos horas y medias de extensión, el presidente Boric hizo referencia en 9 oportunidades al concepto Derechos Humanos, en contextos distintos y para resaltar diferentes situaciones.

En la primera parte del discurso, menciona el hito histórico que fue la revuelta de octubre de 2019, pero lo sitúa en una balanza, por un lado, como crítica “…Hubo episodios de violencia inaceptable…” de parte de la población alzada, para agregar luego: “…y como respuesta por parte del Estado se cometieron graves e inexcusables violaciones a los derechos humanos…”. Es probable que, en esta interpretación institucionalizada, no alcanza a representar el verdadero fondo de lo que aconteció en esos casi 6 meses de movilizaciones: fue la expresión de una revuelta que buscó equilibrar un orden injusto, en que el Estado, como tantas veces en la historia de los 200 años de la república, respondió con violencia y muerte.

En la parte media del discurso, se menciona 2 veces “Derechos Humanos”. Una circunscrita a una idea que, en vista de la evidencia, parece formal para el mundo del reformismo progresista, pues los gobiernos de la Concertación/ Nueva Mayoría (quienes a esta altura se han transformado en los grandes referentes de la administración), han vaciado de significado este concepto, al estar mencionado como una combinación discursiva sin mayor relevancia -por la vía de los hechos- en la forma de abordar una serie de materias.

Por otro lado, es mencionado respecto del accionar de Carabineros, en tanto sería parte de su marco institucional, idea muy alejada a la evidencia y experiencia que a cada tanto se ve enfrentada CODEPU en su tarea de asistencia, de víctimas y luchadores sociales populares que siguen siendo reprimidos, que aunque con una intensidad distinta a la de otros periodos, pero igualmente severa.

Estas dos ideas tienen la dificultad de estar enmarcadas en la formalidad. Por un lado, bastos instrumentos operativos y normativos que no han hecho más que profundizar la deriva reaccionaria de las instituciones, por lo que en su mención solo queda la evidencia del vacío conceptual de esta noción.

Ya en la última parte de la alocución presidencial es donde podríamos encontrar las mayores y más consistentes referencias a los “Derechos Humanos”, no exentas de contradicción.

El tema de Memoria, en especial por la historia de CODEPU -surgida en 1980 en plena dictadura- la búsqueda de verdad y justicia es central en su acción, el que en el marco de los 50 años del Golpe de Estado civil-militar se haya establecido como política pública el denominado “Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia” ha sido un imperativo, y en ese sentido se ha participado propositivamente en una serie de instancias judiciales e institucionales -no nos restaremos en el cumplimiento de la misión que nos impusieron sobrevivientes, familiares y compañeros de las víctimas -, por lo que valoramos cualquier iniciativa en este sentido, en especial si tiene un horizonte de política de estado, pero a la vez se debe evidenciar las dificultades: la burocracia de coordinar una serie de servicios y voluntades políticas, entendiendo que se debe acelerar el ritmo ante un incierto futuro de recomposición del negacionismo reaccionario.

Respecto de los últimos anuncios, destacable es la reconversión del penal “Punta Peuco”, recinto que solo limita la posibilidad del castigo efectivo a criminales de la peor calaña que ha tenido la historia de nuestro país, aunque se debe esperara a los pasos administrativos para cumplir tan anhelada medida para sobrevivientes y familiares de las víctimas de la dictadura.

En cuanto a la situación de la Comisión Asesora Presidencial para esclarecer la Verdad de las Vulneraciones a los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes en el Sename, la reparación de infancia vulnerada, es de todo sentido avanzar en esta materia, aunque también se debe estar en alerta por sucesivos anuncios, en otros periodos, que no han hecho más que dilatar medidas en este sentido, como así mismo con la creación del Banco de Huella Genética que ayude en el tema de adopciones forzadas o irregulares, otro capítulo oscuro desde el punto de vista del rol del Estado.

Sobre fortalecimiento del programa PACTO, es indispensable concretar medidas correctivas para que dichos actos reparatorios de las víctimas de trauma ocular en marco de la revuelta de 2019, tenga un efectivo impacto.

Por último, una referencia urgente expresada en el llamado de atención de los crímenes que se cometen en territorio palestino. El genocidio del estado reaccionario de Israel requiere no solamente el boicot de productos producidos en territorio ocupado ilegalmente, es necesario la ruptura de relaciones diplomáticas, no hay otro modo de marcar el repudio a las acciones inmorales que se producen en Gaza.

 

Temas Pendientes o ausencias

• La situación permanente, de estados de excepción en el Wallmapu, vigente desde el 28 de mayo de 2022, es en sí mismo una anomalía que debiera llamar la atención por lo contradictorio de dicha medida, única en la historia de Chile para periodo de normalidad democrática (con todas las consideraciones que aquellos significa). Este es, tal vez, uno de los elementos que el sector representado por Apruebo Dignidad/ Socialismo Democrático tendrán que explicar con mucha atención cuando este instrumento represivo sea invocado por administraciones sin complejos (la ultraderecha lo usará en todo contexto, eso es seguro).
• Asumir de una vez por todas que de las 65 normas “antidelincuencias” que se han legislado, con la inversión en equipamiento y capacitación de los entes persecutores, ese contingente será el que se dirigirá contra todas las formas de disidencia. Hoy ya es utilizado en varios contextos (estudiantes, mapuche, pobladores), que en una etapa de mayor politización será más evidente.

 

El cierre de un proceso

A pesar de que faltan 10 meses para que concluya esta administración, en términos generales, y dejando abierta la posibilidad que exista una redirección, improbable en vista de los acontecimientos, se hace necesario fortalecer las herramientas del trabajo colectivo, popular y defensa de los derechos humanos en los territorios. Si en este tiempo que queda, con una contienda electoral de por medio, no logra asegurar cuestiones mínimas, en la perspectiva que se señaló en el inicio del periodo sobre política de justicia, la reparación y la garantía de no repetición, será una pérdida significativa. Dicho esto, es indispensable apoyar la reconfiguración de tejido populares y territoriales, la lucha por más democracia y mejor vida es un horizonte que no se puede evitar, y en eso CODEPU debe ser un actor central y permanente.