2024, una administración estatal que pierde el horizonte sobre política y DDHH

2024 fue el año en que quedó en evidencia las contradicciones de levantar un programa de cambios y pretender mantener formalmente el sistema que se busca transformar. En este sentido la administración Boric parece atrapada en un juego de máscaras, casi de apariencias, cercano a fenómenos como el “isomorfismo institucional”, en que, al pretender transformar una estructura como la que existe en Chile, seteada en el dogma neoliberal, lo que ha ocurrido es que las fuerzas políticas con ánimo transformador se han adaptado a aquellas estructuras, y no han podido avanzar -aceptando que existe voluntad para aquello- en los cambios que se comprometieron.

El tema se torna más complejo si analizamos una de las dimensiones sensibles para el mundo popular y de derechos humanos (obviando la urgencia de la reforma de pensiones). En el ámbito de la seguridad pública, este gobierno se instala en la historia reciente como uno de los que menos resistencia ha tenido en consolidar un estado policial, observando la nutrida producción de políticas públicas y legislativa que está dejando, con mecanismos y recursos cuantiosos para fortalecer un entramado de persecución de la delincuencia, sin ningún esfuerzo por disputar al menos la perspectiva humanitaria a la derecha que controla el congreso.

Podríamos señalar la larga lista de hitos institucionales que ha ido dejando esta administración para un futuro que se torna gris, en especial si la ultraderecha accede al poder total, con instrumentos como el que se legisló en el marco del fast track de seguridad, en la que una de las últimas muestras de la falta de capacidad para contener el embate reaccionario fue la modificación que contiene la Ley 21.694, que afecta el Código Procesal Penal en lo referido a la “reincidencia” y que en lo inmediato ha profundizado la crisis penitenciaria, en lo referente a la prisión preventiva que presiona la sobrepoblación que supera casi el 40% de capacidad, una verdadera caldera que puede tener consecuencias desastrosas.

Hay que advertir, en todo caso, que a pesar de la agenda de las derechas que han impuesto un pie forzado, no se puede soslayar que se requería mejorar elementos de gestión respecto de la ocurrencia de una ola de delitos de alto impacto para la población, cosa que al parecer se ha ido concretando a la luz de las cifras oficiales (al cierre de esta columna se informa de una leve baja de estos hechos), el asunto es que el programa de fortalecimiento de las herramientas punitivas parece insaciable, y su efecto -lo debemos alertar una vez más- puede tener diversas consecuencias para formas de disidencias sociales en otros contextos históricos.

Además, al iniciar el nuevo año se ha abierto un debate sobre el significado del Código Procesal Penal, que entró en vigencia desde el año 2000, y que contenía una serie de pesos y contrapesos que contribuía a equilibrar el poder del estado sobre la ocurrencia de personas acusadas de hechos calificados como delitos, está siendo desmantelado vaciándolo de su sentido original. Se ha señalado que solo desde el 2022 han operado 19 reformas legales que han introducido 33 modificaciones al cuerpo legal, y estamos a la espera de varias más que están en discusión, parte de la vorágine punitivista que arrasa con cualquier consideración civilizatoria, nos acerca cada vez más a estados reaccionarios como el de El Salvador -que para un sector de las élites es el modelo a seguir.

También se ha abierto un debate sobre la oportunidad de justificar parte de las políticas punitivas en nefastas teorías reaccionarias como “Derecho Penal del Enemigo”, un cuerpo doctrinario que fue concebido para limitar derechos sociales y políticos de aquellos sujetos que excedían el comportamiento social promedio, por lo que un delincuente, un ácrata o un subversivo (denominaciones muchas veces exclusivas de la autoridad de turno) perdían derechos y garantías del ciudadano integrado.  

En otra área que nos interesa reflexionar es la referida a la política de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, tanto para las víctimas de la dictadura como para las de la revuelta de 2019.

El Plan de Búsqueda, quizá el mayor compromiso de política pública que ha adquirido el Estado en las últimas décadas, en favor de la reivindicación de familiares y sobrevivientes de saber el paradero de miles de detenidos desaparecidos, se ha topado con algunas dificultades de implementación, pero aún así, en esta materia es donde se puede señalar el mayor esfuerzo de parte del gobierno, aunque las organizaciones de derechos humanos están alertas a su correcta implementación.

Sobre el periodo de la revuelta, las políticas públicas que en un principio parecieron encaminadas a cuestiones mínimas de reparación, se han ido complejizando por una burocracia que no siempre entiende las urgencias vitales que estas medidas impactan sobre sobrevivientes y sus entornos. Casos dolorosos y dramáticos que terminaron con suicidios, son una alerta que al parecer no alcanza para impactar suficientemente sobre las autoridades, nuevamente arrastradas por las prioridades que impone la agenda de las derechas.

La mantención de la prisión política, tanto de aquellos que arriesgaron su integridad por cambiar el sistema desde octubre de 2019, como por los weichafes condenados o en prisión preventiva en el wallmapu, sumado a los estados excepción constitucional de emergencia vigentes desde mayo de 2022 -el más extenso desde la década de 1990-, son la evidencia definitiva de lo que señalábamos en el concepto del “isomorfismo institucional”. El Estado neoliberal es una estructura tan enraizada en las conciencias de sectores de la población y componentes del poder, que no es posible desmantelarlo si no es con algo que evidencia la historia: movilización empujada por trabajo territorial, no hay otro camino. 

Este recuento no puede terminar sin enunciar los desafíos que se presentan este 2025.

Se ha señalado que el fast track legislativo de seguridad mantiene varios proyectos en distintas etapas de discusión, pero hay dos normas que en particular pueden tener un hondo impacto en el futuro de las luchas populares, al allegar nuevas herramientas al estado para la persecución y criminalización de las disidencias sociales y políticas, por lo que deben estar en la mirilla de organizaciones como CODEPU y en general del mundo popular: nueva ley Antiterrorista y las modificaciones que se contemplan para la ley de inteligencia.

El poder que contienen estas normas, actualmente sin contrapesos y que dejan al arbitrio de instituciones siempre lábiles -tribunales y medios de comunicación oficiales- a las élites (todo lo que sucedió en “Operación Topógrafo” y “Operación W” en relación al periodista Mauricio Weibel debieran sen una permanente llamada de atención), deben ser contenidas y limitadas al máximo posible.

Solo queda cerrar con una idea que ya mencionamos arriba, la única manera de poder avanzar en las transformaciones que Chile necesita es con el apoyo de la movilización y el trabajo territorial, de otro modo no es posible.