A 5 años del estallidos social, el caso de Mario Acuña

La noche del 23 de octubre de 2019, en un sector popular de la comuna de Buin, el futuro de Mario Acuña fue sellado por la acción de un grupo de funcionarios de carabineros. En el contexto de las multitudinarias manifestaciones que se venían desarrollando desde el viernes 18 en todos los rincones del país, que exigían cambios profundos y significativos en las políticas del estado neoliberal, denunciando las discriminaciones que las élites aplicaban sobre millones de habitantes, en una crisis de legitimidad y representatividad institucional, lo cual decantó en una de las may
ores expresiones de descontento popular en casi medio siglo.

Ese contexto sitúa los hechos que afectaron a Mario.

Por otro lado, él representa, en su vida y acción, aquello que podríamos denominar el pueblo, la experiencia genuina de una cierta identidad que se reconoce por el rol que asume respecto de su entorno inmediato: jornalero, hincha de un popular equipo de futbol, alegre animador de la fiesta regado de alcohol, tío y amigo de sus vecinos, alguien que en el mejor de los casos es un usuario de los planes y programas asistenciales del estado, más no es alguien quien realizara una resistencia de los organismos públicos que lo secundan, podríamos decir que es un resignado ciudadano.

Con aquel repertorio identitario se sumó a las manifestaciones, como cientos de sus amigos y vecinos, se integró al carnaval que se había repetido todas las jornadas anteriores, con los mismos pitos y sonajeras que en otras ocasiones sirvieron para celebrar el triunfo del equipo, ahora eran útiles para llamar la atención sobre las precariedades de su existencia, sobre el horizontes siempre limitado de una realidad que no entrega más que barreras para lograr dignidad, mejores pensiones, mejor salud, mejor educación: por mí, por los míos y por todos los demás.

Aquellas jornadas se dieron en ese marco, un corte de calle por medio de una barricada, harto quién baila pasa, adultos, jóvenes y niños que cuando llegaban las fuerzas de control de orden público se disolvían para continuar al siguiente día, hasta que ese miércoles en la noche, las unidades de carabineros iban con la decisión -y la orden- de reprimir con mayor severidad el boche, que parecía un desborde intolerable en aquella periferia semirrural del sur de Santiago.

Entre el 18 y el 22 de octubre, el gobierno había declarado estado de excepción constitucional de emergencia. Puede que los agentes estatales actuaron con una sensación de excepcionalidad, se sentían de algún modo protegidos por una situación que desde el fin de la dictadura no se vivía, la movilización social, en términos generales así lo manifestaba el gobierno, implicaba una resistencia popular de las más formidables en más de tres décadas, y en esa media hora se desató la locura, aquellos carabineros simplemente no tuvieron contemplación en la violencia aplicada con estos pobladores, en esa jornada y en el mismo sector poblacional se cuentan casi media docena de víctimas de violencia con perdigones, golpes y otros tormentos y Mario fue quien recibió el castigo más brutal.

El profesor David Garland en su libro “Castigo y sociedad moderna” (1999) señala que el castigo que emana de las instituciones del estado responde a una serie de dimensiones. Si observamos la secuencia de hechos en los que se vio afectado Mario, podremos distinguir claramente estos aspectos que señala el profesor Garland.

1)     Relaciones de poder asimétricas, en las que en un punto se encuentran el aparato institucional, con la disposición hegemónica de la fuerza, y en el otro extremo quien es señalado como depositario del escarmiento;

2)    Estructuras socioeconómicas que distinguen, entre otros aspectos, el acceso a la justicia -expresadas como normas, procedimientos y sesgos de parte de quienes imparten la acción “correctiva”; y

3)   Castigo como ámbito de representación para el entorno que ve en aquellas acciones un ejemplo de un comportamiento que los debe regir, por tanto, un comportamiento desordenado será reprimido.

 

Este nivel de violencia institucional se concentró, justamente en zonas populares y en comunas de la periferia, es aquí donde se cuentan un número impactante de víctimas, de hecho de los 34 muertos y otros 6000 casos de distintas magnitudes que se contabilizan entre octubre de 2019 y marzo de 2020, la gran mayoría acontecieron en territorios de la periferia de las ciudades -en esto se consideran hechos en que no están acreditadas participación directa de funcionarios represores, esta ha sido una de las dificultades de los organismos de derechos humanos que han asistido a las familias y amigos de las víctimas, el establecer la participación por acción u omisión de carabineros, policía de investigaciones o miembros de las FFAA. El punto que se quiere destacar es que en un contexto de crisis como la que se desplegó, es en experiencias humanas como las de Mario Acuña donde se pueden entender la profundidad del impacto de la acción represora del estado.

CODEPU, en coordinación con organismos públicos como Ministerio Público y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que presentó la primera querella antes que el Equipo Jurídico asistiera a familiares de Mario, lograron establecer la responsabilidad directa de tres carabineros -que se encuentran con condenas- pero se entiende que en todo este proceso de acciones y consecuencias, hay una responsabilidad de mando y otra política que está aún pendiente.

En esta jornada se termina la audiencia de formalización de tres altos mandos de Carabineros en el periodo en que ocurrieron los hechos. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal para los exoficiales de Carabineros Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate. CODEPU entiende que estás medidas no están a la altura de la magnitud de los hechos que se les imputa a los acusados, que ante las posibles penas que podrían cumplir, y el hecho que no está asegurado la asistencia ni un reconocimiento de los hechos, correspondía haber cumplido una medida más gravosa, como prisión preventiva.

El lograr mayores niveles de justicia es un imperativo no solo de las organizaciones populares y de derechos humanos, debiera ser un esfuerzo público que consagre la idea de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, por Mario y las miles de otras víctimas que a 5 años de la revuelta de octubre esperan.