INDH: Reformar para debilitar

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha sido un espacio institucional que ha esta altura de su historia y desempeño asoma más como un logro que como un fracaso.

Su camino ha sido complejo, pues desde el momento de su fundación, en diciembre de 2009, ha pasado por distintos momentos, cuestionamientos y sospechas desde el mundo de los derechos humanos, especialmente de las organizaciones que representan a víctimas sobrevivientes, familiares y activistas que responden al llamado de memoria del periodo oscuro de la dictadura y del pacto de impunidad de la transición. La idea de que un organismo -autónomo de derecho público- asumiera un papel de mediación, promoción y protección de los derechos humanos en Chile, por cierto, que era desafiante.

Pero en estos 16 años muchas cosas se han movido para ir cambiando de perspectiva.

Fue justamente el potencial de representar la voz de las organizaciones del amplio abanico y temáticas de DDHH, no solo de memoria, con 4 representantes en su Consejo, una de las grandes virtudes del modelo que se inauguró con este Instituto.

Una estructura que fue puesta en tensión en octubre de 2019, precisamente en un ámbito central de su objeto de acción: la protección. El resultado fue a todas luces contradictorio. Existía compromiso y responsabilidad de sus funcionarios, que trabajaron en esos 6 meses inmediatos desde el estallido, pero su dirección trastabilló, disputándose entre el presidente del Directorio  la naturaleza y alcance de las violaciones de los derechos humanos de parte de agentes del estado, con miembros del directorio, esta disputa debilitó la oportunidad de cumplir cabalmente con el objetivo de la institución.

La composición del Consejo pretende asegurar una amplia representación del mundo institucional y político. De los 11 miembros, 7 son parte de las correlaciones políticas que hegemonizan los poderes del estado y universidades, 4 representan a las organizaciones de un registro constituido para tal efecto, entre los cuales se eligen aquellos representantes. La evidencia concreta muestra que esa representación no sirvió para empujar definiciones más claras y decididas de parte del presidente del Consejo para calificar en su justa medida, y según los estándares internacionales, la generalización y sistematicidad de aquellas violaciones. Este debate implicó un desgaste y menoscabo que hoy en esta coyuntura es aprovechada por aquellos que gustosos prescindirían de algún instrumento como INDH.

Hace algunos días -lunes 6 de julio- fue publicada en la página editorial de El Mercurio, una columna firmada por algunos expresidentes -entre ellos quien bajo su gestión estuvo el periodo del estallido- además de algunos exconsejeros.

El lugar y la oportunidad de dicha comunicación, bajo el título “INDH: Reformar para fortalecer” asoma como un intento por ir en el sentido contrario del que nomina, debilitar una institucionalidad que aunque tensionada por circunstancias históricas, y gracias al empeño de funcionarios, profesionales y trabajadores, logra asegurar un mínimo de dignidad al objetivo de promoción y defensa de los derechos humanos.

La columna, en su parte central señala tres preguntas: qué decide, cómo decide y quién decide.

Sobre la primera pregunta, esta se hace cargo de un debate del revisionismo doctrinario sobre qué ámbito es el que recoge la idea de “Derechos Humanos”, una reivindicación especialmente sentida por grupos de las nuevas derechas, que llevan a desvirtuar -en su forma más extrema- la idea que fundan los derechos humanos, al suponer que incluso los agentes del estado son susceptibles de ser víctimas en tanto pudieran estar involucrados en las acciones propias de su rol como represores (esto lo señalamos en la hipótesis más extrema). Los que suscriben la columna están en la línea de abrir el concepto a las “omisiones”, en un horizonte institucional de la defensa de “la vida, la libertad y la propiedad de los hombres y mujeres…”. Nos parece que los conceptos no son dogma, y que deben ser debatidos, pero esa conversación es en la perspectiva de las complejidades de un mundo que está cada vez más desprovisto de defensas a las personas contra acciones de grupos o intereses institucionales que los violentan.

Una segunda cuestión tiene que ver con el quorum y mecanismos de decisión. Es evidente que en un Consejo en el que se expresan no solo la representación de las organizaciones del mundo civil, sino que principalmente es la correlación coyuntural del sistema institucional de poderes del estado, además de universidades, las expresiones de aquellas correlaciones cambian de periodo en periodo, por lo que se señala como una percepción “que el mundo de los derechos humanos pertenece a una sensibilidad ideológica”, parece más a un reclamo circunstancial.

Sobre el tercer aspecto, que afecta -según los columnistas- la autonomía del instituto es donde se muestra el verdadero alcance de la crítica, al proponer un Consejo Directivo compuesto por “personas de reconocido compromiso… elegida íntegramente por diputados y senadores en ejercicio…”.

En la actual composición, el 36% de los miembros del Consejo son representantes de las organizaciones. El otro 64% son: 2 designados por el Presidente de la República, 2 representantes de la cámara de Diputados, 2 por el Senado y 1 por las facultades de derecho del Consejo de Rectores.  

Falta un análisis más detallado sobre el nivel del debate del Consejo, estudio que excede esta columna, pero lo que nos parece del conocimiento práctico, como miembros del registro de organizaciones de la sociedad civil, que el desempeño del INDH requiere esfuerzos por mejorar, pero no neutralizando el papel de las organizaciones, eso sería desnaturalizar el esfuerzo de 16 años por validarse como institución.