Estudiantes, nuevamente empujando la movilización social
Los estudiantes secundarios han sido un actor social que le ha dado dinamismo a las expresiones a demandas políticas y sociales, excediendo el marco de sus propias reivindicaciones gremiales. Sin ese impulso, nada de lo que bien o mal ha ocurrido en las últimas dos décadas, se habría recorrido como proceso.
Esta constatación es útil para entender y situar su actual rol:
dinamizadores y catalizadores de aquellas demandas de grupos que en algún punto
se reúnen en torno a sus movilizaciones, y que en estas últimas semanas, han vuelto
a llamar la atención de un mundo social y popular que intenta recomponer y
retomar sus petitorios territoriales.
En estos años, a pesar de la presión que han recibido de
sectores progresistas que han estado más atentos en la administración del modelo
que de las reivindicaciones de los estudiantes, nunca han dejado de movilizarse,
y del mismo modo jamás han dejado de ser perseguidos y criminalizados por
distintos estamentos del Estado.
Llama la atención, que en un contexto de desmantelamiento de administraciones
reformistas, especialmente municipales, esos grupos políticos de pronto vuelvan
a tener presente aquellas movilizaciones, esta vez concentrando en la acción
represiva de municipios administrados por los socios de derecha del sistema,
una circunstancia que no quita que hasta hace pocos meses esas mismas
administraciones que fueron defenestradas en procesos electorales, hayan
utilizado los mecanismos de persecución sancionatorio, penal y administrativos
para castigar a estudiantes movilizados.
En primer término, el mecanismo Aula Segura (Ley 21.128) y en
casos que la autoridad considera pertinente, querellas. En este último periodo,
desde marzo, de movilizaciones, de los tres municipios administrados por la
derecha (Santiago, Ñuñoa y Providencia) se han expulsado a 31 estudiantes -vía Aula
Segura- y se han presentado 10 querellas por distintos hechos que se califican
como delito en el marco de movilizaciones.
En la gestión comunista en la comuna de Santiago (2021-2024),
aunque no utilizó el mecanismo Aula Segura, igualmente cuenta algunas decenas
de expulsiones en el marco de Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE):
el 2022 son 5 expulsiones y 14 cancelaciones de matrícula; 2023, se cuentan al
menos 30 expulsiones y 24 cancelaciones de matrícula informadas por la Dirección
de Educación Municipal (DEM).
Mientras tanto, entre 2022 y 2024 se presentaron 21 querellas
respecto de hechos que fueron calificados como delitos en el marco de movilizaciones
en la comuna de Santiago. Esto es solo a modo demostrativo de que cuando se
administra el estado, las acciones se encuadran en sus dinámicas punitivas, no
hay otro modo de actuar si es que no se pretende transformar el fondo del
modelo.
Pero ciertamente que, en este ciclo movilizador, nuevamente es
el mundo popular el que debe estar atento, apoyar y en lo posible, proteger la
acción de los estudiantes secundarios, es la manera como se ha actuado en otras
coyunturas, es este sector social el que, siendo el parámetro de acciones
mayores de reivindicación, y de punta del descontento social que tarde o
temprano cristaliza en el desborde de las demandas sectoriales, impregnando a
otros grupos y organizaciones.
Los organismos de derechos humanos tienen un rol específico
que cumplir, y en la nueva etapa que se abre, de radicalización de derecha, ese
papel debe ser activo.
