Justicia para AHM, una causa emblemática del estallido

La noche del 2 de marzo de 2020, pasadas las 21 horas, la vida de la niña AHM cambió para siempre a consecuencia de la acción de agentes del estado.

Aquella jornada de finales de verano, la niña de 12 años, mientras acompañaba a un amigo al paradero de la micro situado en la intersección de la calles Teniente Soto con Avenida Las Industrias, en la comuna de San Joaquín, y mientras se desarrollaban masivas movilizaciones sociales, unas cuadras del punto en que se encontraban, protestas que se venían proyectando desde octubre del año anterior, un piquete de Fuerzas Especiales de Carabineros (ahora Control de Orden Público -COP), de modo indiscriminado carga una asonada represiva contra la población  que se encontraba en el sector, percutando balines de escopetas antidisturbios, y fuera de todo protocolo, armas de f
uego, impactando una bala por atrás de su cuerpo, ella y su amigo huían de la represión, cayendo ella al suelo desvanecida, mientras sangraba profusamente de los muslos. El disparo penetró el muslo derecho, provocando la fractura de la pelvis, generando daño del tejido perianal, la bala se detuvo en el otro muslo, a centímetros de la arteria femoral. Con esa grave herida, AHM es trasladada en ambulancia al Hospital Pediátrico Exequiel González Cortés.

Es importante destacar que, si bien la niña no pudo ver quién disparó el proyectil que la hirió, los únicos que estaban utilizando armas de fuego en ese sector eran los miembros del piquete de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile.

Con este indicio se inició una investigación, con el ingreso de una querella presentada por CODEPU, que pretendía establecer responsabilidades mediatas e inmediatas (hechos y mando), pues se entendía que aquellas acciones no eran aisladas, eran parte de una política de estado que desde la administración política se validaban para contener a lo que se definió: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie…”.

En lo inmediato de los hechos, se reclama que además el actuar de los funcionarios fue negligente, por cuanto no prestaron ningún tipo de ayuda, fingieron ignorar la lesión de la víctima, solo reconocieron el hecho varias horas después, argumentando que recién se enteraron por una llamada telefónica de un fiscal.

En aquel escenario de negación, redactaron un informe falso en el que aseguraban haber conversado con la madre, de inmediato, cuestión que la madre de la niña niega, con el agravante que, en los días posteriores de los hechos, funcionarios policiales pretendieron comunicarse con la víctima en ausencia de la madre, a pesar de haber sido advertidos que dicha comunicación no se permitía por cuanto es ilegal y revictimiza los dramáticos hechos que vivió.

Al no haber logrado ni presionar o amedrentar a la niña y su familia, elaboraron un informe al Primer Juzgado de Familia de Santiago con un relato redactado de manera intencionada para sugerir que la niña participaba en la manifestación y que la madre, descuidó su bienestar al permitir que se manifestara, cuestión falsa.

Han pasado 5 años desde los hechos que originaron una larga investigación, que en varios pasajes se pretendió sobreseer, con las dificultades propias de procesos sociales y políticos que trastornaron los escenarios y las aspiraciones incluso para algo tan elemental como la justicia, logramos empujar las indagaciones identificando -por intermedio del Ministerio Público- a funcionarios de la 50° Comisaría de San Joaquín, y a un funcionario policial, hoy oficial de la institución, como quien percutó los disparos que hirieron a la niña.

Esta es una de las causas que han logrado avanzar hasta la etapa de juicio oral, que se inició el lunes 31 de marzo, y que pretende establecer la responsabilidad de un acto criminal, que afectó a quien la ley la provee de una especial protección, la infancia, y que un agente del estado vulneró.

Ciertamente que hoy, en un contexto de creciente justificación de la violencia estatal, en una feroz campaña comunicacional y política por rehabilitar el papel de la represión en el marco de la revuelta social, parece indispensable destacar el esfuerzo del equipo jurídico de CODEPU por sostener la urgencia de la justicia, que los represores deben pagar, que la impunidad no puede prevalecer nuevamente.