A CUATRO AÑOS DEL ESTALLIDO/REVUELTA DE OCTUBRE 2019, LA VIOLENCIA DEL ESTADO FUE LO ÚNICO COORDINADO DEL PROCESO

Estamos conmemorando 4 años desde el estallido de octubre de 2019. Lo estamos viviendo en un contexto diametralmente distinto del que estábamos en los años anteriores. De hecho los sectores populares, y las organizaciones que cobijamos el horizonte de la emancipación y apoyamos las movilizaciones, como CODEPU, nos encontramos relegados defendiendo lo evidente de aquel proceso, su naturaleza fue, citando al historiador Enzo Traverso, una revuelta con  características identificables en la definición que nos aporta “…los disturbios y las turbaciones surgen de las multitudes: concentraciones transicionales y mayormente efímeras de personas que, actúan espasmódicamente hasta una explosión final que, como una descarga, precede a su desintegración”.

Se ha debatido y disputado en diversos foros el sentido y alcance de los eventos que se dieron por seis meses, solo contenido por efecto de las restricciones sanitarias del COVID desde marzo de 2020. La derecha y sus satélites elitistas han querido apuntar un supuesto carácter orgánico, coordinado de la revuelta, cuestión que ha chocado muchas veces con la evidencia de los hechos: fue la respuesta subjetiva, expresada en las manifestaciones, de una población multidimensionalmente precarizada que ante la indolencia e indiferencia de un sistema de representaciones políticas, la operatividad vital del neoliberalismo, estallaron con violencia, sin un programa político claro, pero con una idea en el horizonte, cambiar radicalmente el estado de las cosas.

Desde la distancia que dan los años, aunque en esos meses de efervescencia ya parecía evidente, sin conducción y sin un programa de transformaciones, la irrupción que se vivía daría paso a alguna forma de restauración desde las élites, una contrafuerza al anhelo de cambio que con el tiempo se fue instalando en la forma de un proceso político amañado, con giros restituyentes -citando a algunos intelectuales que sostienen esta tesis- que ha dejado un sabor amargo, especialmente desde la derrota del plebiscito de septiembre del 2022.

Pero en todo este camino hay un fenómeno que, dentro de los distintos aspectos políticos y sociales del estallido, no dejan espacio de dudas o especulación, fue la ocurrencia de una violencia desde el estado que no se conocía, con la magnitud y masividad, desde el término de la dictadura.

CODEPU, hasta diciembre de 2019, había documentado con apego a estándares internacionales, 92 casos de vulneraciones a los derechos humanos, y el respaldo son el mismo número de acciones procesales -querellas y recursos constitucionales- en el que se acompañaron relatos, testigos e informes médicos que evidenciaban la violencia de los agentes del estado -carabineros, PDI y miembros de las FFAA- en contra de manifestantes.

Esta evidencia dejó secuelas claras en los cientos de víctimas de trauma ocular, muertes, casos de tortura, detenciones arbitrarias, vejaciones de carácter sexual sobre detenidos y detenidas, toda una lista de categorías que mostraban una constante que fue lo único coordinado y concertado de ese periodo, una política de estado que por la vía de la permisividad, aceptó y en muchos casos, incentivó a los miembros de las organizaciones policiales, y FFAA, que reprimían la acción de miles de manifestantes.

Esta acción represiva del estado ha sido confirmada, y denunciada, no solo por organismos nacionales, sino que también organizaciones internacionales de derechos humanos, por intermedio de sendos informes elaborados por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solo para mencionar algunos, pues también se dieron visitas de observadores desde distintos estados.

Al parecer, el defender y levantar una política desde el mundo de los derechos humanos, que sea capaz de preservar la memoria de los hechos, además de empujar la reivindicación de la “verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición” se hace extensiva para las víctimas del estallido, y es parte del compromiso que como CODEPU queremos mantener.

Finalmente, la única certeza que tenemos de todo el periodo, es que lo orgánico y coordinado fue la violencia del estado en contra del pueblo movilizado.