Cuenta Pública, DDHH y el extravío del gobierno de AD/SD

En una nueva jornada de recuento político del gobierno, este 1 de junio, las instituciones del estado fueron llamadas a presenciar la cuenta pública de la gestión de los últimos doce meses y escuchar los anuncios para el próximo periodo. Nos parece necesario, como lo hemos realizado en años anteriores, hacer algunos comentarios sobre dichos conceptos, especialmente respecto de la significación que pesa sobre esta cuenta la noción y problemáticas de los derechos humanos.

Hay que señalar que entre los distintos elementos de políticas públicas que cruzan el análisis expuesto, los derechos humanos aparecen mencionados como parte de la construcción discursiva, precisando ideas que se infiltran en distintos momentos de la alocución del presidente, siendo mencionado directamente en doce oportunidades en relación con materias como memoria, migración y la seguridad pública.

Es de especial valor que en momentos como los que vivimos como sociedad, en que los sectores más reaccionarios de la política han ido adquiriendo protagonismo en espacios institucionales, alentando discursos de odio y negando el sufrimiento de la dictadura y sus nefastas consecuencias, se de espacio para recalcar, en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado, que “Me anima la esperanza de que en este aniversario seamos capaces de tener una mirada común que, a partir de la condena histórica transversal a las atrocidades del pasado, sostenga el valor universal de los derechos humanos y la importancia de la democracia, que ha vuelto a estar amenazada en el mundo justamente por quienes relativizan la centralidad de dichos derechos. Avanzar en verdad, en justicia, en reparación, en no repetición, no es una causa de la izquierda, sino de todo el arco político sin excepción”.

En un sentido más práctico, se anunció el fortalecimiento del plan Nacional de Búsqueda, que entre otras cuestiones contempla un importante aporte presupuestario para el Servicio Médico Legal, que es un coadyuvante en el trabajo pericial que se requiere para ir avanzando en este requerimiento central de las organizaciones de DDHH, los sobrevivientes y familiares.

No obstante, la preocupación que manifiesta la administración sobre esta materia, creemos que igualmente existen déficit y acentuaciones de políticas públicas que deben ser analizados de modo crítico, entendidas como parte de un proceso de restauración del orden conservador neoliberal, que abarca desde la socialdemocracia concertacionistas a los grupos reaccionarios de ultraderecha, y dicen relación con la agenda de seguridad pública.

Al parecer, una parte del gobierno y algunos de los grupos parlamentarios se sienten atrapados por comportarse como administradores del estado, el mismo marasmo de argumento que en la década de 1990 permitió liquidar cualquier esperanza de transformaciones, y que en la actual coyuntura se ha ido repitiendo con pasmosa rigurosidad: la delincuencia social, y por extensión otras formas de marginalidad y popular se han transformado en los antagonistas del estado.

En el apartado de seguridad pública, junto con la idea que parece general sobre respetar estándares de derechos humanos, se hace mención del fortalecimiento del aparato represivo, sin mencionar algún concepto sobre la reformulación de las instituciones que se encargan de estas materias, en concreto carabineros, que se ha demostrado incapaz de integrar en sus procedimientos el respeto de los derechos humanos, con saldos de violencia que se abultan ante la indiferencia de las mismas autoridades.

Como una oda al fortalecimiento del aparato represor, se han confirmado ingentes recursos -reafirmando los compromisos que hace algunos meses se pusieron sobre la mesa, en momentos de negociación con las derechas y sus socios sobre control social, todo esto sin referencias a las evidentes falencias que tienen las instituciones asignatarias, donde se siguen denunciando hechos de corrupción.

Notorio fue el gesto del presidente con el director general de la institución, en una parte del discurso exclamó “…¿estoy en lo correcto general Yáñez?”, esto en relación con los significativos aportes públicos a la institución. Ninguna mención o cuestionamiento a procedimientos viciados, a uso de la fuerza desproporcionado, o abierto accionar delictual. O un señalamiento al papel que este mismo oficial jugó en la represión desde 18 octubre de 2019 en distintos roles que le ocupó en este tiempo.

Un pasaje de la alocución señala: “Necesitamos más carabineros y mejor preparados, para labores de control y de prevención de los delitos. Por esto, en 2022 nos pusimos como meta aumentar en un 40% el ingreso a la Escuela de Suboficiales para recuperar los niveles prepandemia…”. Esta postura va en contra de lo que la misma coalición impuso como mínimo de reforma institucional, se habló en un primer momento de “refundación”, pero aquella pretensión quedó atrapada bajo el derrumbe que significó la campaña reaccionaria de los últimos meses, pero así y todo, llama la atención que el mismo mando institucional en abril último, en el marco del aniversario de carabineros, hayan señalado que la reforma era un tema relevante, y el presidente en su cuenta no lo haya expuesto de modo explícito.

Creemos que estos acentos son una señal de la pérdida definitiva de prioridades, las que esperaríamos de una administración con un compromiso real y actual con los derechos humanos.

En definitiva, un discurso en la que los derechos humanos estuvo presente en dos formas, una con expresiones concreta relacionadas con las causas de memoria, y que se señalan avances significativos, y otra en que la noción de derechos humanos cae en una enunciación al no vincularla a las urgencias presentes, la de dotar a la política de control delictual de una orientación de real respeto de la condición humana.

Lamentamos este giro, y esperamos que aún con las actuales condiciones adversas, el sector al interior de la administración que ha manifestado un genuino compromiso con la causa de los derechos humanos y la democratización real del país pueda reinstalar estas preocupaciones. Aún hay tiempo, el espacio político dependerá de la voluntad para que los compromisos se lleven a cabo.