Lo posible no puede ser una barrera de la política

"Lo posible es por lo que hay que dejar nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, es lo que se define colectivamente, no es el desgano, como algunos, malamente, pudimos haberlo interpretado”, con estas palabras el presidente Gabriel Boric realizó una interpretación de una doctrina que tiene vigencia desde el comienzo de los gobiernos civiles en el ámbito de los derechos humanos en Chile.  Las palabras que pronunció Patricio Aylwin, quien fundó esta doctrina y a las que se refería el presidente, fueron: “… habrá justicia solo en la medida de lo posible”, emitidas en el discurso de entrega del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación en 1991, sentando las bases de una política que cruzaría todo el periodo, que solo se agitó por el peso de los acontecimientos con la detención en Londres del dictador en 1998.

Luego,  la Concertación -con el beneplácito  de la derecha y las élites- validarían dicha doctrina, traspasando aquellos límites político-procesales circunscritos al ámbito de los Derechos Humanos e instalándolos como impronta  para todas las formas de construir política: redistribución de la riqueza, justicia social, condiciones laborales, resguardo del orden institucional, protección del poder de las élites, resguardo de los valores que se promovían desde sectores conservadores y la iglesia católica, todas dimensiones que fueron influenciadas por la idea: “en la medida de lo posible”.

Por cierto, el discurso del presidente Boric se da en un contexto marcado por el resultado del plebiscito del 4 de setiembre que, si bien generó un nuevo estado de incertidumbre trasformadora, no ha resuelto la crisis de legitimidad de las instituciones. Resultado que sí permitió ordenar la capacidad de articulación del conservadurismo y los sectores reaccionarios en defensa del estatus quo. Este escenario adverso requiere mucha voluntad y capacidad si se quiere hacer avanzar las transformaciones comprometidas y resolver con ellos las demandas sociales existentes.

Particularmente entendemos que la agenda de derechos humanos es una centralidad para la coalición gobernante, así lo manifestaron en diversos momentos, incluso en el marco de la conmemoración del día internacional de los DDHH.  El problema es que aquellos compromisos han comenzado a ser fisurados por ese mismo impulso de “la medida de lo posible”.  El gobierno se ha transformado en observante riguroso de la premisa aylwinista de “la medida de lo posible”, elemento que ha ido orillando el cumplimiento de compromisos de cambios demandadas por amplios sectores sociales.

En una sucinta revisión de temáticas que son sensibles para los organismos defensores de derechos humanos, debemos mencionar el renovado papel que se le está asignando a las instituciones represivas, carabineros especialmente, que pasó de la “refundación” al “fortalecimiento”.

Un segundo tema es el manejo del conflicto del estado chileno y las comunidades mapuche en el Wallmapu, que en lo que va del mandato del actual gobierno cuenta con catorce solicitudes de prórrogas del estado de excepción, sin que el problema de fondo haya logrado ser destrabado en su estado beligerante.

También la situación actual de la prisión política a raíz del estallido, algo que fue un sentido y justo reclamo de parte de familiares y colectivos de apoyo de encarcelados, imputados/formalizados y demás afectados de la persecución penal del estado a partir de octubre del 2019.

Hay muchos otros desafíos en el tema de derechos humanos: proponer una verdadera política de reparación integral para quienes sufrieron la violencia estatal durante el estallido; los temas de sobrevivientes y víctimas de las violaciones de los DDHH en dictadura; diseñar un plan de búsqueda y conocer el destino final de quienes sufren la desaparición forzada con participación de sus familiares.  

Es en este marco que el riesgo que implica reinterpretar -históricamente- una doctrina nefasta para las reivindicaciones de los DDHH y otras políticas públicas en la transición, y trasladarlas al presente son al menos un gesto ambiguo que no contribuye  a la resolución  de los desafíos  planteados. La justicia en “la medida de lo posible” no admite una nueva y segunda versión so pena de administrar lo que todos los gobiernos desde 1990 han administrado para terminar gobernando sin discurso  y rendido ante los poderosos.