Vacunas, acciones y recuerdos

El año 2010 pertenecía a Defensoría Popular. Mi rol consistía –entre otras tareas- en generar nuevos espacios de aplicación del modelo de gestión, yo como director ejecutivo de la ONG, por lo mismo en esa etapa servimos a varias iniciativas diversas, que iban más allá de lo que señalaba nuestra descripción político-institucional “Asistencia legal a luchadores sociales”.

A principios del año 2009 la OMS informó de la existencia de una enfermedad respiratoria altamente contagiosa denominada A (H1N1), conocida popularmente como “gripe porcina”, pues su origen era zoonótico, habría surgido del contacto de humanos en el manejo de cerdos en China.

En ese contexto me correspondió recibir a un grupo de personas que nos solicitaron patrocinar un recurso de protección para evitar el inicio de una campaña de vacunación contra de la influenza A (H1N1), recurso que se fundaba sobre varios supuestos que circulaban en internet y que se centraban en tres ideas:

1.- Principio de precaución, una doctrina relativamente reciente fundada en las practicas legislativas en Europa desde el año 2000 que señala que ante una duda o falta de certeza de algún elemento o producto que en relación con la población pudiera generar contraindicaciones, el estado las debe limitar o inhibir hasta no tener la certeza de su beneficio;

2.- Que existe información científica que en ese momento relacionaba algunos componentes de vacunas con ciertas enfermedades, usando de base el informe “Wakefield” de 1998 y publicado en revista científica The Lancet  que indicaba que existía una correlación entre la inoculación de la vacuna MMR (previene sarampión, paperas y rubéola) en relación con el componente timerosal y la generación del autismo en menores de edad (aclarar que todo esto fue denunciado como un montaje del médico Andrew Wakefield que tenía intereses comerciales con el estudio, por este hecho el profesional fue sancionado en Inglaterra y no puede ejercer de por vida la actividad médica);

3.- Que ante lo que se consideró, y criticó, como una zigzagueo de la OMS respecto del impacto de la enfermedad, una campaña de vacunación era un esfuerzo oneroso e inútil.

En esa época tuve la imprudencia de no profundizar mucho más en el tema, trabajamos con las abogada que se hizo cargo de la presentación con el materia que nos allegó Dana, la principal impulsora de la acción.

Posteriormente a la presentación del recurso –que la Corte rechazó- conversé con un par de personas del ámbito de la salud, al contar de la experiencia la reacción de reproche fue sonora. Lo menos que me dijo una amiga enfermera fue que era un irresponsable por prestar espacio para esas campañas que resistían a una herramienta indispensable para la salud de la humanidad.

Efectivamente continué leyendo y confirmando con absoluta claridad los reproches de mis amistades. Efectivamente el aporte sustancial de campañas de vacunación ha significado una clara ventaja de la especie humana para superar enfermedades que diezmaron a millones de personas hasta no hace muchas décadas.

Hoy me viene este recuerdo a raíz que la polémica que en torno de Maestra Vida ha surgido por la pertinencia de la vacunación que contiene el avance del SARS-CoV-2, un virus que adquirió el carácter de pandemia y ha provocado una revolución mundial con consecuencias que estamos recién calibrando. 

Hoy me declaro un ferviente defensor de políticas públicas que centrar su estrategia en programas de inmunización masiva para detener la enfermedad, es una medida necesaria a pesar de que surjan "dudas" sobre su efecto, pues es propio de cualquier producto que pudiera significar para un grupo algún efecto secundario, o las implicancias económicas y políticas de la investigación, desarrollo y distribución de las mismas, todas situaciones que se equilibran ante el beneficio evidente de su utilización.

En fin, no volvería a patrocinar algo como aquella acción de 2010, de hecho soy un polemista con aquellos que señalan ideas delirantes y conspirativas que nada aportan a la superación de la crisis.


 

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